"Empezamos con los hidrocarburos; mañana será la minería, los recursos forestales, estamos preparados para recuperar la tierra para todos los bolivianos".  
                                                               
Presidente Evo Morales, La Paz - 03/05/2006

Los pueblos y organizaciones indígenas de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena - ONIC, alentamos y apoyamos de manera incondicional al pueblo boliviano y al Gobierno Constitucional del presidente y hermano Evo Morales, en sus luchas por la construcción de un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, autónomo, descentralizado, democrático, libre, independiente, soberano e intercultural. Fundado en la pluralidad y en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Que reconoce la preexistencia a la colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, su libre determinación y autogobierno, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se incorporan en el diseño del Estado.

Nos solidarizamos y aplaudimos la política humanitaria y de justicia e inclusión social del gobierno del presidente Evo Morales para desmontar el latifundio, abolir las prácticas serviles y tramitar una tierra comunitaria de origen (TCO) a favor de los indígenas y los campesinos de su país.  
 
Nos unimos a la defensa de las conquistas democráticas del pueblo boliviano, a la protección de sus derechos humanos, en torno a sus luchas por defender la vida, la igualdad y la diversidad; así como también frente a la causa indígena,  pluriétnica y popular de sus ciudadanos y al proyecto político del gobierno del presidente y hermano Aymara, Evo Morales.   
 
Rechazamos toda iniciativa para socavar el Estado de Derecho y deslegitimar  el mandato constitucional del gobierno del presidente Evo Morales, ratificado recientemente y de manera mayoritaria por el pueblo mediante referendo; así mismo cualquier intento de vulnerar la integridad territorial, desestabilizar el orden institucional o desconocer el orden jurídico del Estado boliviano.  
 
Condenamos las prácticas paramilitares de los hacendados y terratenientes bolivianos que mediante grupos armados de choque impiden a  indígenas y campesinos la realización y el restablecimiento institucional de sus derechos territoriales.  
 
Invocamos la acción de la justicia constitucional boliviana para quienes en aras de perpetuar el orden colonial, pretenden fundar estados feudalistas dentro de la República de Bolivia, dirigidos por terratenientes, empresarios de recursos naturales y banqueros, auspiciados por gobiernos extranjeros y compañías trasnacionales.    
 
Rechazamos las prácticas genocidas y criminales de aventureros fratricidas, latifundistas y hacendados que invocando amañadas autonomías asesinan y masacran a nuestros hermanos bolivianos, desatan la violencia y siembran el pillaje; proponen un golpe de estado sólo para proteger  la gran propiedad privada de la tierra de los terratenientes e impedir la titulación de nuevos territorios indígenas; atacan las instalaciones gubernamentales, violan los derechos humanos, amedrentan, lesionan a sus defensores, dirigentes campesinos e indígenas; asaltan y destruyen las oficinas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
 
Los pueblos indígenas de Colombia, la comunidad internacional y los Estados democráticos no podemos ser indiferentes al drama que viven los sectores populares, campesinos e indígenas bolivianos, pisoteados e ignorados por siglos, pero que en el presente tienen la perspectiva de la dignidad y la inclusión en un Estado democrático y pluralista.   
 
Frente a las políticas de gobierno para erradicar el latifundio mal habido y el  clamor de  indígenas y campesinos que reclaman la abolición de la esclavitud y la restitución de las tierras que en el pasado fueron robadas a sus ancestros por terratenientes y hacendados, los mismos que hoy los esclavizan, retienen y confinan en sus feudos, se configura la violencia de los autonomistas y los cívicos por perpetuar sus infamias.
 
El gobierno del presidente Evo Morales debe acabar con las prácticas esclavistas de los terratenientes bolivianos y emancipar a la población indígena que hoy no goza de derechos laborales elementales y trabaja en una condición de servidumbre por deudas análoga a la esclavitud.

Así lo confirman decenas de informes y estudios realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Defensoría del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e inclusive por el departamento de Estado de Estados Unidos; quienes señalan: "Los cautivos analfabetos, que desconocen sus derechos y no tienen forma de controlar las cuentas, pierden su libertad y son obligados a trabajar de por vida e inclusive a heredar deudas a sus hijos".

La servidumbre indígena debe ser condenada y desterrada del Estado boliviano, esta cruzada nos incumbe a todos los pueblos indígenas, a la comunidad internacional y los defensores de la vida y los DDHH; asimismo, exige la  presencia y la gestión del sistema internacional de los Derechos Humanos.  

Invocamos la unidad y la solidaridad del pueblo latinoamericano para salvaguardar el Estado de Derecho y el gobierno constitucional del Presidente Evo Morales. Así como para que continúen los procesos gubernamentales de titulación de tierras a campesinos e indígenas y sean abolidas de una vez por todas las prácticas serviles y esclavistas de los terratenientes bolivianos.

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA - ONIC
 
Bogotá, septiembre 15 de 2008.