El presidente de Nicaragua Daniel Ortega envió hace poco una reforma a la Ley de Patentes al Parlamento que favorece ampliamente a las corporaciones farmacéuticas y afecta a los sectores más pobres del país. La activista Mónica Baltodano, que preparó un informe al respecto, afirma que en Nicaragua no está gobernando la izquierda sino una “caricatura” de la misma, “un gobierno que tiene un discurso de izquierda y una práctica de  derecha.

El 11 de septiembre 2007 se presentó en la Asamblea Nacional de Nicaragua un proyecto de Ley de Reforma y adiciones a la Ley 354, Ley de  Patentes de Invención, modelo de utilidad y diseños industriales, enviado por el Presidente Daniel Ortega para su discusión con trámite de urgencia, es decir sin consulta de ningún tipo.

Entre los argumentos para su aprobación destacan: “Adecuar la legislación nicaragüense a los compromisos del CAFTA, en particular a lo contenidos en los artos 15 .9.6 incisos a y b, capítulo XV del DR- CAFTA., que establece la obligación de cada estado de otorgar plazos compensatorios para los titulares de patentes cuando existen retrasos injustificados de la Administración Pública”. De manera particular, estas flexibilizaciones se refieren a las patentes de industria farmacéutica.

En su intervención en el plenario, Baltodano se opuso al trámite de urgencia y a la aprobación de la reforma, y recordó al Presidente Ortega las contradicciones entre su complacencia con el DR-CAFTA, y sus discursos vociferantes contra el imperialismo y sus nuevas formas de opresión, uno de cuyos pilares son los TLCs con los países del Sur.

“Le recordamos a la Bancada del gobierno, la demagogia que significan sus discursos en  los foros internacionales hablando del socialismo del siglo XXI y de las necesidad de construir otro tipo de relaciones entre los pueblos, pero fueron sus votos los que permitieron la entrada en vigencia del CAFTA. Les reclamamos el que como fuerza que se autoproclama de izquierda, nunca promovieron una discusión que permitiera  informar al pueblo nicaraguense de los efectos nefastos de la aplicación del CAFTA en el futuro de Nicaragua, antes bien, como lo muestra esta iniciativa, siguen promoviendo su aplicación, en detrimento de los intereses populares”.

La iniciativa demuestra que Ortega no está interesado en revisar, renegociar mucho menos revertir los términos del CAFTA, y más bien se presta dócilmente a facilitarlo.

La apropiación de los conocimientos de la humanidad, dice Baltodano, se hace a través del control de patentes. A todos nuestros estados les han forzado a aprobar Leyes de Patentes que otorgan grandes privilegios a quienes tienen capacidad de apropiarse de  los conocimientos de la humanidad. Por ese medio se ha disminuido el acceso a medicamentos genéricos. Recordamos las palabras del Msc.

El especialista Mario Devandas dijo en Costa Rica que la aprobación del capítulo 15 sobre propiedad intelectual en el tratado de libre comercio con Estados Unidos constituiría un triunfo para las empresas farmacéuticas y una amarga derrota para los pueblos centroamericanos, los cuales verían desvanecerse, aún más, las posibilidades de lograr sistemas de seguridad social sustentados en la solidaridad y en la equidad. En el caso particular del sistema de seguridad social de Costa Rica, implicaría un nuevo golpe a su capacidad para enfrentar los enormes retos planteados por los cambios poblacionales y las modificaciones de la morbilidad; y definiría un escenario favorable para acelerar la privatización en marcha. También implicaría un triunfo para los monopolios fabricantes de agroquímicos, que repercutirá en un incremento de los costos de producción agrícola.

En la II Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos realizada el 19 de Julio de 2005, el representante de El Salvador Eduardo Espinosa declaró que en su país, el primero de Latinoamérica que ha implementado el tratado de libre comercio, la industria farmacéutica se ha convertido en el negocio más rentable después de la venta del petróleo, ya que se producen medicinas innecesarias que no curan enfermedades si no que producen dinero para estas transnacionales.

Davandas afirma que las patentes, un derecho de explotación exclusivo concedido por los Estados a las personas a quienes se les acepte una invención susceptible de ser producida industrialmente, alejan la competencia. Cuando la invención en cuestión disfruta de una demanda inelástica, como es el caso de la mayoría de los medicamentos, deviene en monopolio. Aquí surge un problema ético: si el producto patentado es una vacuna, un antibiótico, un antiretroviral, y quién lo necesita no dispone del dinero para pagar el precio impuesto por el monopolio, simplemente se muere. “No se trata de una frase alarmista: el precio de los medicamentos hace la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas sobre todo en los países no desarrollados o con sistemas de seguridad social privatizados, como sucede incluso en países de altos niveles de desarrollo”.

Se suele defender a las patentes como un estímulo indispensable a la innovación privada; se alega que las millonarias inversiones privadas en investigación y desarrollo deben ser recuperadas. Sin embargo, casi nunca se dice que los "inventos" generalmente se basan en investigaciones financiadas con fondos públicos, o en el conocimiento acumulado por las comunidades a través del tiempo. Nunca se han presentado en detalle los informes de costos para determinar la relación entre las inversiones y las recuperaciones, en cambio sí se sabe que las empresas farmacéuticas son las más lucrativas del mundo, y que gastan al año centenares de millones de dólares en propaganda y en llenar los bolsillos de los políticos en Washington y en otras partes del mundo, enfatiza Baltodano.

La historia de la propiedad intelectual, como la de toda la propiedad privada, es la historia de un despojo. Adolfo Ferrer en su libro la Historia de la Globalización afirma: "El conocimiento acumulado, a lo largo de los siglos, por los sabios y tecnólogos chinos, árabes, persas, e indios fue transferido sin regalías ni patentes a los pueblos cristianos de Europa. Esta transferencia fue una de las bases fundacionales del Renacimiento". En los EE.UU. hicieron lo propio con los europeos para fundamentar su desarrollo, y en la actualidad, todos los pueblos de la tierra siguen sometidos al robo de sus conocimientos ancestrales y de sus invenciones por parte de las empresas transnacionales. Así sucedió con el arroz basmati que, teniendo siglos de ser cultivado en la región del Punjab de India y de Paquistán, fue patentado por la empresa Rice Tec, Inc, patente que se derogó luego de una desgastante lucha del gobierno indio”.

El interés de los monopolistas es extender el período de monopolio al máximo posible, y esto es, precisamente, lo que persigue Estados Unidos en beneficio de las corporaciones norteamericanas a través de las diferentes negociaciones comerciales. Naturalmente, alguien debe pagar los costos de estos beneficios extraordinarios:

Durante el período de monopolio los consumidores pagan un precio por un producto que es mucho más alto que el costo real. En el caso de los medicamentos por prescripción, las  patentes añaden 300-400% o más al precio del producto. El impacto sobre los consumidores de los países en vías de desarrollo es desastroso, pues los derechos privados no se diferencian según la naturaleza de los productos, ni las características del país en que se aplican, ni toman en consideración el nivel de ingreso del consumidor.

En este campo, el CAFTA ha ido mucho más allá de los acuerdos alcanzados en la OMC: Se extiende mucho más allá que lo estipulado en la OMC el período de monopolio para las corporaciones farmacéuticas, posibilitando extenderlo incluso más allá de la extinción del período de protección, debido a las restricciones que establece sobre los derechos de comercialización basados en el uso de “datos de prueba”, aún los que son públicos; y restringe al máximo la posibilidad de que el Estado nicaragüense establezca licencias obligatorias para la producción o importación de medicamentos genéricos por razones de salud pública y protección del derecho a la vida, que los “Acuerdos de Doha” de la OMC explícitamente permiten.