(Bolpress).- El 30 de abril de 2007 la transnacional Eurotelecom Italia, casa matriz de la capitalizada Entel, envió una carta al gobierno de Bolivia anunciando que había notificado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) la existencia de una controversia con el Estado por supuestos perjuicios a sus inversiones. El 12 de octubre, la telefónica italiana oficializó la demanda contra el Estado ante el CIADI.
Eurotelecom explicó que la razón de su demanda fue la aprobación de un decreto supremo que nacionaliza las acciones de Entel que eran administradas por las las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), informó el viceministro de Coordinación Gubernamental Héctor Arce a la agencia ABI.
La autoridad lamentó la arbitraria decisión que rompe unilateralmente las negociaciones que la empresa llevaba adelante con el gobierno y que cuestiona una medida gubernamental adoptada en el marco de la soberanía nacional.
Para defender sus inversiones en Entel, Eurotelecom International NV (ETI), con sede en Holanda, se acogió al acuerdo de promoción y protección mutua de inversiones suscrito entre Bolivia y los Países Bajos, uno de los tratados bilaterales de inversiones (TBIs) más utilizados por las corporaciones extranjeras para proteger sus intereses.
A ETI no le gustó el Decreto 29087 que crea un comité encargado de negociar con Telecom Italia, subsidiaria de ETI, para recuperar la propiedad de Entel. Tampoco fueron de su agrado los decretos 29101 que instruye la transferencia de las acciones al Estado; y 29100, que puso en duda el cumplimiento de las inversiones de los italianos en Bolivia, las cuales supuestamente ascienden a más de 700 millones de dólares.
Bolivia en el CIADI
La demanda de Eurotelecom en el CIADI no es la primera para Bolivia. El 25 de febrero de 2002, la expulsada Bechtel Corporation en
La empresa Quiborax, supuesta accionista de la empresa boliviana Non Metallic Minerals SA, demandó al país en el CIADI por la anulación de su concesión para la explotación de ulexita y otros minerales no metálicos en el Salar de Uyuni. Non Metallic fue denunciada por las organizaciones sociales por sobreexplotar las reservas, atentando contra el medioambiente de la zona, y por las múltiples irregularidades de la concesión. Non Metallic argumentó que el gobierno boliviano obstaculizó la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de su inversión de tres millones de dólares a través de medidas injustificadas y discriminatorias, violando las cláusulas del TBI entre Bolivia y Chile suscrito el 6 de febrero de 2006. El 26 de abril de 2006, el gobierno boliviano creó el Consejo de Nacional de Defensa Legal del Estado Boliviano que tienen bajo su responsabilidad hacer seguimiento del caso Non Metallic, que se encuentra en la etapa de elección de árbitros.
Por ahora, las demandas de Eurotelecom y de Quiborax serían las únicas contra Bolivia en el CIADI, aunque el rato menos pensado puede aparecer otro. No hay que olvidar que la minera Gleencore anunció que enjuiciaría a Bolivia, pero aún no ha presentado ninguna demanda.
La historia negra del CIADI
Bolivia firmó el Convenio del CIADI el 3 de mayo de 1991 y lo ratificó a través de
El Presidente Evo Morales expuso cuatro razones para justificar su decisión: 1. El CIADI es un tribunal absolutamente desequilibrado y parcializado con las transnacionales; 2. es antidemocrático porque delibera en secreto y sin rendir cuentas a nadie; 3. es extremadamente caro para los países pobres y un mecanismo para esquilmar a los Estados; y, sobre todo, 4. viola
El gobierno boliviano denunció
Todo el sistema del CAIDI está diseñado para que las transnacionales demanden a los Estados y no a la inversa. De los 232 casos que atendió hasta la fecha, 230 fueron demandas planteadas por las transnacionales. En estas cortes, lo mejor que le puede pasar a un Estado es que no pague o que pague menos; nunca se da el caso de que una empresa indemnice al Estado.
Se trata de una especie de “justicia divina” bastante chueca porque carece de mecanismos de apelación y sus fallos son definitivos, según Pablo Solón, embajador plenipotenciario para Asuntos de Integración y Comercio del gobierno boliviano.
Los pasos a seguir
Arce informó que se conformará una comisión con representantes del Ministerio de
El Viceministro recordó que el Estado renunció a la jurisdicción del CIADI, es decir que el gobierno boliviano decidió no dar su consentimiento para ninguna forma de arbitraje. Para que se de algún proceso arbitral tiene que haber un acuerdo de ambas partes, y en este caso Bolivia no está de acuerdo con el tribunal del Banco Mundial.