Desde un conjunto de sectores sociales y políticos de distintos países reafirmamos el MERCOSUR, como parte de un proceso que hoy reconoce  la irrupción de gobiernos populares que comienzan a discutir su rol desde otra perspectiva; abriendo nuevos caminos para la integración regional, afirmando políticas tendientes a la defensa de la soberanía nacional y alejándose cada vez más de aquélla concepción neoliberal que le dio origen, sujeta a intereses de los grupos de poder externos e internos al mismo.

Tanto la Cumbre de Presidentes en Mar del Plata como la recientemente realizada en Córdoba, marcan una clara oposición entre éstos intereses y  las nuevas expresiones democráticas de nuestro continente, configurando una alternativa eficaz frente al ALCA y los Tratados de Libre Comercio impulsados por el gobierno de Estados Unidos.

Un nuevo orden mundial ha sido impuesto por la globalización, ya no hay estados nacionales como los que conocimos. La aparición de bloques económicos con proyectos hegemónicos han  impactado sobre la vida de nuestros pueblos: la exclusión y la pobreza, la degradación del medio ambiente, la profundización de las brechas sociales,  el marcado retroceso en la educación, la falta de políticas apropiadas en el sistema de salud y  vivienda, son sólo algunas consecuencias concretas que configuran las urgencias de la actual coyuntura.

La resistencia a éstas políticas y la lucha de nuestros pueblos ha sido y es el motor principal para el fracaso del denominado “Consenso de Washington” como estrategia de uniformidad  de políticas y herramienta de dominación del imperio, sentando las bases a lo largo del continente para la construcción de modelos económicos, políticos y sociales al servicio de las mayorías nacionales. Allí reconocemos la fuerza y el vigor de este proceso abierto.

Nos moviliza la búsqueda de soluciones comunes para los principales desafíos que enfrentamos en la reconstrucción de nuestros países. Concebimos la integración no sólo como una cuestión de aranceles o asuntos comerciales, sino como la única vía posible para un crecimiento equitativo, que en un marco de mayor soberanía garantice la defensa de nuestros recursos naturales y una vida digna para nuestros pueblos.

En este camino, los actores involucrados nos encontramos con nuevos desafíos. Por un lado, los Estados han dejado de estar ausentes y se involucran planteando prioridades para un nuevo esquema de desarrollo, sintonizando por primera vez en décadas con las principales preocupaciones de nuestra población; encarando la búsqueda de consensos aún desde las asimetrías que sus realidades económicas determinan; sin un único paradigma que los convoque; con las contradicciones propias de cada país y las generadas con sus vecinos.

Por otro, las organizaciones y sectores sociales no nos quedamos sólo en el terreno de la denuncia y la resistencia, hemos instalado el debate de la participación; discusión abierta acerca de los mecanismos, valores y concepciones que se deben asumir para acompañar y profundizar este proceso que emerge en América Latina y en especial en el MERCOSUR; en cada realidad institucional y con los estamentos que allí se expresan; en los espacios actuales o en los que se van creando. Reconociéndonos además los diferentes encuadres metodológicos e ideológicos, las contradicciones y potencialidades que existen entre las organizaciones sociales, sindicales y el conjunto de instituciones expresadas en la Sociedad Civil.

Concientes de que este proceso no puede estar divorciado de nuestro protagonismo y lejos de una repetición mecanicista de antiguas formulaciones teóricas, desde los sectores populares demandamos y asumimos nuevas formas de participación, comunicación  y capacitación en este camino hacia la integración latinoamericana, en lo que hace a la generación, implementación y evaluación de las políticas públicas de la región.

En ese sentido, las organizaciones y sectores reunidos en estas “Jornadas para la Participación Social”, instamos a los gobiernos del MERCOSUR, que han manifestado la importancia de la Sociedad Civil y su aporte en el cambio de un paradigma comercial hacia uno de contenido social, para que instrumenten los mecanismos y recursos económicos necesarios para implementar su participación en forma real y eficaz en la toma de decisiones. En consecuencia, acercamos las siguientes propuestas, fruto del trabajo en comisiones específicas, no como un listado de demandas, sino como aspectos y medidas donde nos comprometemos a ser parte de los cambios necesarios:

- En relación a los Recursos Naturales, en especial a la problemática vinculada al Agua, declararla bien de dominio público y como derecho esencial fuera del comercio; caracterizarla como recurso estratégico y escaso, apetecible para las corporaciones internacionales y grandes potencias y en consecuencia establecer acciones y estrategias tendientes a proteger el recurso a nivel regional. Creemos que la gestión integral del agua debe quedar en manos de los ciudadanos, debidamente controlados y asistidos por los estados parte, para asegurar calidad y universalidad de las prestaciones.

Consideramos necesaria la creación de un ente regional de control y regulación que establezca un plan estratégico sobre el agua, tomando el concepto integral de cuencas con especial dimensión de las aguas subterráneas y que propicie el consenso de políticas públicas favorables al pueblo.

Suscribimos la Declaración del Agua de Caracas (IV FSM, 2006) y la Declaración de Presidentes contra la OMC 1994 de Marakes, y decimos NO a la renegociación del Contrato de Aguas Cordobesas con la firma Roggio.

- Respecto a la Integración y Soberanía Energética, impulsar la creación de fondos estructurantes para inversiones e infraestructuras de transporte, comunicación, ambiente y electricidad. Asimismo, rechazar el terrorismo y sabotaje en las Empresas Energéticas que responden a políticas imperialistas, como los impulsados por EE.UU o Inglaterra.

Contribuir en la conformación de una Organización Superior de los Trabajadores de la Energía de América Latina y el Caribe (ALyC), del Instituto de Investigación y Estudios Energéticos de trabajadores/as Energéticos de Latinoamérica y el Caribe (IEETAC); el intercambio de recursos humanos, tecnología y becas dentro del Foro Nuclear.

Subscribimos la Declaración de Caracas y la del Segundo Foro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadores y Trabajadoras de Energía, realizado en México, 2006.

- En relación a la Economía Solidaria, formular un marco normativo común para la región y promover el fortalecimiento de las instituciones existentes vinculadas a la temática. Es necesaria la creación de un fondo especial de apoyo, así como también un ente que promueva y facilite la comercialización de los productos de cooperativas y pequeños productores entre los países de la región.

Suscribimos la Declaración del Encuentro Emprendedor de Economía Solidaria y Comercio Justo en América Latina, realizado en Cochabamba, Bolivia, 2005.

- Respecto a la cuestión de Género, asumirla como una problemática cultural, económica y política, expresión de relaciones de subordinación que reflejan la preeminencia de un modelo de exclusión y no de integración efectiva.

Consideramos indispensables la implementación de políticas migratorias que faciliten el traslado de trabajadoras y trabajadores, apuntando al fortalecimiento de los vínculos familiares; las políticas activas de empleo con perspectiva de género tendientes a la igualdad de oportunidades contemplando el trabajo reproductivo como generador de riquezas; la creación de ámbitos propicios para la inserción de las organizaciones sociales que trabajan la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas.

También la inclusión de educación sexual y género en la educación formal e informal, tomando como base las recomendaciones de la OEA contenidos en SEPIA III; el cumplimiento efectivo de políticas públicas activas para prevenir y combatir el tráfico de mujeres, niños/as y la trata; y las políticas de atención universales con énfasis en la prevención de la violencia hacia la mujer, los niños y las niñas.

Por ello, fortalecer la institucionalidad de las áreas de la mujer que permitan políticas activas de género en el marco de las políticas de Estado; en vista a la conformación del parlamento del MERCOSUR, se recomienda medidas de acción positivas para legisladoras mujeres, y que el estatuto del parlamento del MERCOSUR garantice el acceso de las mujeres de los Estados miembros. Creemos conveniente destinar presupuesto para la reunión de planeamiento estratégico de políticas públicas con perspectiva de género.

Instamos a ratificar el Protocolo Facultativo de la CEDAW, y bregamos por la salud de la mujer, pronunciándonos por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

-En relación a la problemática de los Derechos Humanos, avanzar en la elaboración de políticas integrales de acceso a la tierra, la educación y la salud, entendiendo que el cumplimiento de los DD.HH está vinculado al reconocimiento de todos los derechos sociales, políticos y culturales de nuestros pueblos.

Buscando difundir la verdad histórica sobre las dictaduras militares en el cono sur, impulsar políticas educativas y culturales con el objetivo de reconstruir la memoria histórica; derribar las barreras de impunidad que impiden el juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad; adaptar la legislación de los estados miembros, para lograr que sean recluidos en cárceles comunes; y para acelerar su juzgamiento, fortalecer los sistemas judiciales internos, en su estructura tecnológica, administrativa y de recursos humanos.

Promover la preservación de los lugares físicos que pertenecieron a los sistemas de represión del Plan Cóndor, para transformarlos en espacios de la memoria; generar sistemas de intercambio de información, en lo que hace al desarrollo de políticas de memoria, verdad y justicia; integrar esfuerzos para encontrar a los jóvenes apropiados sustraídos de su país de origen; desarrollar políticas de protección y reparación a damnificados por las dictaduras militares, brindando asistencia sanitaria y económica para las víctimas del terrorismo de estado.

Desmantelar el aparato represivo inserto en las fuerzas de seguridad desde las dictaduras militares; modificar la formación y el adoctrinamiento de las fuerzas armadas, preparándolas para la defensa de la soberanía y los derechos de los pueblos latinoamericanos. Retirar las “tropas de paz”, y las bases militares pertenecientes a EEUU y los países del G8.

Impulsar políticas de seguridad ciudadana, basadas en el respeto por las garantías constitucionales de las personas y la libre circulación de los individuos, sin distinción de clase, culto o pertenencia política. Integrar a las organizaciones de DDHH, y los Movimientos Sociales, facilitando su preservación, desarrollo y permanencia, en la elaboración y ejecución de las políticas de estado vinculadas con esta materia en el marco institucional del MERCOSUR.

- Respecto al uso social de la propiedad de la Tierra y la Vivienda, impulsar políticas regionales que contemplen aspectos legislativos (Leyes Nacionales de Vivienda) y ejecutivos (articulación de programas específicos de la temática). De acuerdo a las características específicas de cada país, contemplar la posibilidad de apropiación, vía expropiación u otras figuras jurídicas, de terrenos e inmuebles ociosos.

Promover la Vivienda de Interés Social (fomentada por el Estado), de calidad, con los servicios e infraestructura adecuada, como forma de resolver el déficit cuantitativo de vivienda, estableciendo mecanismos transparentes de adjudicación y escrituración. En conjuntos urbanos de este tipo, garantizar la sustentabilidad del hábitat mediante la organización y participación de las comunidades, fortaleciendo desde el Estado, con los recursos humanos y materiales necesarios, la capacidad autogestionaria de la sociedad civil.

Construir y apuntalar mecanismos de co-gestión entre el Estado, la Sociedad Civil y sus organizaciones sociales, que viabilicen su participación democrática tanto en la contraloría social sobre el presupuesto y los recursos como en el diseño, implementación y evaluación de proyectos que están siendo ejecutados o a realizar, dando respuestas integrales y universales al problema del Hábitat y la Vivienda, en desmedro de las prácticas focales y clientelares. Implementar mecanismos para que las organizaciones sociales puedan gestionar directamente los diferentes programas de la temática, sin la necesidad de organismos gubernamentales intermedios.

- En relación a la Educación y dada las Leyes de que la consideran como un bien comercial, y que sirvieron como instrumento de las políticas neoliberales implementadas en los ’90,  promover la participación de todos los actores (docentes, padres, alumnos, organizaciones sociales y sindicales) en el diseño y ejecución de las políticas educativas, como forma de construir el poder popular para las transformaciones necesarias; concibiendo a la educación como un derecho social que debe ser garantizado por el estado en forma indelegable, previendo las políticas públicas para su efectivo cumplimiento; asegurando la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en los distintos niveles educativos, en la diferentes regiones, destinando mayores recursos a los sectores de mayor pobreza. Universalización de la educación inicial a partir de los 45 días de edad

Considerar la educación como herramienta de construcción de un nuevo proyecto de país y de integración, afirmando la importancia de rediscutir los contenidos de la educación desde una visión histórica nacional y latinoamericana. Incorporar la dimensión política de la educación en la formación de ciudadanos y ciudadanas (sujetos de derechos) críticos, comprometidos, democráticos, solidarios, capaces de cuestionar y transformar la realidad social, económica, política y cultural del país y del mundo.

Promover la formación docente continua y gratuita, comprometida con la escuela pública en un sentido local, nacional, latinoamericano, popular y democrático pensada desde y para un proyecto de país descolonizado política, económica, social, cultural y educativamente. Participación de los trabajadores de la educación a través de sus organizaciones gremiales en la definición de la revalorización de su trabajo (salario y condiciones).

- Respecto a la actividad agraria y dada la importancia que tiene para los países del MERCOSUR y la necesidad de preservar la soberanía alimentaria de nuestros pueblos; y alertados por el avance  de los agro negocios en la región, traducidos en mayor injerencia de los fondos de inversión, pool de siembra y grandes corporaciones transnacionales que impulsan una agricultura industrial sin agricultores con la adopción de un modelo de monocultivo (soja, eucaliptos y pinos), las secuelas de la deforestación indiscriminada en vastas regiones para ampliar la frontera agraria, el éxodo rural, el uso de agro tóxicos de impacto en las poblaciones rurales, y la fuerte concentración existente en la propiedad de la tierra en detrimento de los pequeños productores; instamos a los gobiernos a un cambio radical de concepción a cerca de nuestro suelo como “bien natural”, que debe ser  preservado primando los criterios de sustentabilidad por sobre los de rentabilidad económica.

Requerimos mayor participación del estado para frenar el avance de los monocultivos, para garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes, fundamentalmente las que se refieren a garantizar la salud de las poblaciones afectadas por los agro tóxicos, para enfrentar la deforestación y desertificación de los suelos y su impacto en el cambio climático. Consideramos imprescindible el impulso a cultivos alternativos y la revalorización de las producciones fruti-hortícolas, granjas, entre otros, para garantizar la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.

Reafirmamos nuestro compromiso a trabajar conjuntamente para lograr las transformaciones que nuestros pueblos nos demandan. Instamos a nuestros gobiernos a obrar en consecuencia y hacer de la participación no sólo una mera expresión de deseo. Saludamos con mucha expectativa los avances en la relación con las organizaciones de la Sociedad Civil expresados en esta XXX Cumbre del MERCOSUR, y esperamos su continuidad al interior de cada país y en las próximas cumbres de la región, como será el caso de Comunidad Suramericana de Naciones a realizarse en diciembre próximo, en Santa Cruz, Bolivia. Allí nos haremos presentes, con este espíritu, junto al conjunto de organizaciones y sectores sociales convocantes a la “Cumbre Social por la Integración de los Pueblos”.

Nos depara un largo camino plagado de dificultades, las propias y las impuestas por intereses opuestos; sabemos que en el protagonismo de nuestros pueblos radica la fuerza que determinará en gran medida la resolución de estos grandes desafíos. “Ya es otro tiempo el presente” auguraban los caciques levantados contra el colonialismo español; en este momento histórico, único en nuestra América, no podemos permitirnos dar marcha atrás.

Ciudad de Córdoba, Argentina, 18 de Julio de 2006