(Juan Manuel Sandoval Palacios y Alberto Arroyo Picard).- Desde el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
En la última década, el gobierno mexicano ha venido incorporando la migración laboral a sus políticas económicas neoliberales y a las de Estados Unidos y Canadá, para la creación de un mercado regional de fuerza laboral migrante, donde las relaciones laborales se den con la intervención mínima de los Estados en pro de los derechos laborales, de manera que los trabajadores migrantes formen un ejército industrial de reserva sujeto a la producción y acumulación flexibles de las corporaciones norteamericanas.
Con Carlos Salinas de Gortari a la cabeza, el gobierno mexicano apostó, junto con el estadounidense, a que la solución al problema migratorio se daría a largo plazo por los beneficios que traería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante las negociaciones del TLCAN, la migración laboral fue dejada fuera bajo el considerando de que la liberalización económica y comercial de nuestro país fijaría, a largo plazo, a la mano de obra migratoria en su propio territorio. Se consideraba que a corto y mediano plazos la migración laboral inclusive se incrementaría, por lo que se buscaría impulsar mecanismos de desarrollo regional en las regiones expulsoras. Mientras tanto el gobierno de Estados Unidos inició una estrategia de control y aun de militarización de la frontera para impedir el paso de los migrantes indocumentados. En perspectiva, resulta claro que al apostarle todo al TLCAN el gobierno mexicano aceptó tácitamente las reglas del juego sobre la migración laboral impuestas unilateralmente por Estados Unidos.
Esta política fue continuada por el presidente Ernesto Zedillo para adecuar las regulaciones migratorias de nuestro país a las estipuladas por el gobierno estadounidense –específicamente en sus leyes de inmigración, antiterrorismo y de bienestar social aprobadas en 1996– constriñendo, por un lado, el paso de migrantes centroamericanos y de otros países por la frontera sur mexicana y penalizando el tráfico de indocumentados en ambas fronteras; y, por otro lado, facilitando aún más la entrada de personas calificadas, de acuerdo con el artículo XVI del TLCAN. También inició en secreto negociaciones para impulsar un acuerdo de trabajadores huéspedes y ayudó a regionalizar las políticas estadounidenses de inmigración a través de un foro que se ha venido institucionalizando desde 1996 en la región de América del Norte, Centroamérica y el Caribe:
El gobierno de Vicente Fox, para enfrentar el fenómeno migratorio dio continuidad a lo que se llevó a cabo durante los dos regímenes anteriores, que se enmarca en una estrategia para profundizar la integración regional de México a América del Norte, impulsando la creación de una región energética norteamericana, la creación de un mercado laboral norteamericano, así como contribuir a la creación del mercado de fuerza laboral centroamericana (donde se incluye a la de estados del sur y sureste mexicanos) por medio del llamado Plan Puebla-Panamá. Y no obstante que los atentados terroristas realizados en New York y Washington el 11 de septiembre de 2001 llevaron al gobierno estadounidense a darle un nuevo giro a su política de inmigración vinculándola a su seguridad nacional, ambos gobiernos han planteado que las negociaciones sobre un acuerdo laboral de migración temporal mexicana a Estados Unidos no se detendrán, aunque tal vez sean un poco más tardadas.
Las grandes movilizaciones realizadas en EU durante marzo, abril y el 1º de mayo de 2006 –de
Es necesario insistir en la necesidad de que el próximo gobierno que resulte de las elecciones del 2 de julio en México se aboque a buscar un mejoramiento de las relaciones entre ambos países, basado en el respeto a la soberanía. Y que en este marco se busque avanzar pláticas sobre los trabajadores migratorios desligadas de la cuestión de la seguridad.
proyectos productivos en las comunidades y las regiones que hayan sido grandes exportadoras de trabajadores que buscan empleo.
Si algún mexicano decide migrar, es decir no se ve obligado por la situación, exigimos que los trabajadores y las trabajadoras migrantes, sin importar su estatus migratorio, disfruten de los mismos derechos y condiciones laborales que gozan los ciudadanos del país receptor. Los patrones que saquen ventaja del estatus migratorio de un trabajador para explotarlo o explotarla bajo condiciones y salarios que estén por debajo de los niveles legales, deberán ser sancionados severamente. Exigir a los países de las Américas que no lo han hecho (principalmente a Estados Unidos y Canadá), y del mundo en general, que se adhieran a
Exigir la firma y/o ratificación del Convenio de
Exigir que México sea coherente con lo anterior y lo aplique en su frontera sur. México no debe hacer de policía migratorio según los intereses de Estados Unidos. Los Centroamericanos y Latinoamericanos en general son nuestros hermanos; deben ser tratados con respeto a sus derechos humanos independientemente de su calidad migratoria.
Un muro que marca el fracaso del TLCAN (Anuradha Mittal) Recientemente los parlamentarios canadienses del Nuevo Partido Democrático y del Bloque de Québec se reunieron con sus homólogos estadounidenses y mexicanos para declarar que el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, conocido por su sigla inglesa NAFTA, constituye una "tragedia continental". "Si hubiera sido un éxito no haría falta la muralla que Estados Unidos quiere construir en su frontera con México ni habría tampoco necesidad de militarizarla", dijo el legislador mexicano Víctor Suárez.
El debate sobre el destino de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos continúa, sin embargo, ignorando las cuestiones estructurales que los han forzado a dejar sus hogares. Los acuerdos de libre comercio como el NAFTA prometieron crear más puestos de trabajo, superávit comerciales y un mejor nivel de vida en los países firmantes de esos tratados. Pero la realidad dice lo contrario.
En México se cultiva maíz desde hace 10.000 años. Bajo el NAFTA, que se supone debía "nivelar los terrenos de juego", México abrió sus mercados a las importaciones de Estados Unidos, incluyendo entre ellas el maíz. Los agricultores mexicanos fueron entonces incapaces de competir contra los grandes productores estadounidenses maiceros, en su país los mayores receptores de subsidios estatales, que llegan a un monto de 10.000 millones de dólares, algo así como 10 veces más que el presupuesto agrícola de México para el año 2000. Este multimillonario subsidio de Estados Unidos a la producción de maíz permitió un dumping estadounidense en el mercado mexicano por un total de entre 105 y 145 millones de dólares anuales.
No puede sorprender entonces que las exportaciones estadounidenses de maíz a México se hayan triplicado y que cubran casi un tercio del mercado interno mexicano, lo que lleva a una crisis en el sector maicero. El incremento de las importaciones ha reducido los precios
reales del maíz mexicano en más del 70% desde 1994. La baja de los precios significa para los maiceros mexicanos una caída en sus ingresos que, a su vez, provoca el forzoso abandono de sus tierras y la migración. En 1997, según cifras de
Lejos de operar en un "campo de juego nivelado", el NAFTA ha significado un certificado de muerte para pequeños agricultores y coloca a los campesinos mexicanos en el extremo equivocado de un empinado y abrupto campo de juego que, en cambio, se hace cuesta abajo para los productores del Mediooeste de Estados Unidos.
Los defensores de los tratados de libre comercio a menudo destacan la creación de puestos de trabajo en México como un éxito del NAFTA. Sin embargo, el Economic Policy Institute (EPI), con sede en Estados Unidos, señala que mientras los empleos de bajos salarios y baja productividad (por ejemplo el trabajo no retribuido en empresas familiares) creció rápidamente desde principios de los años 90, en 1998 los ingresos de los trabajadores asalariados cayeron en un 25%, en tanto que los de autoempleados bajaron en un 40% . El EPI indica que los salarios decrecieron en aproximadamente un 27% entre 1991 y 1998, en tanto que el ingreso global por hora de trabajo cayó en un 40%. Además, el salario mínimo perdió alrededor del 50% de su poder de compra en la última década. Los salarios en la industria también bajaron en casi el 21% en ese periodo. De modo que mientras el NAFTA benefició a unos pocos sectores de la economía, sobre todo a las industrias maquiladoras y a los muy ricos, en realidad aumentó la desigualdad y redujo los ingresos y la calidad del trabajo para la vasta mayoría de los trabajadores mexicanos.
El fracaso del NAFTA junto con el fracaso de Estados Unidos en eliminar sus distorsionantes subsidios han forzado a millones de mexicanos a tomar rumbo hacia la frontera. La cifra divulgada en 1995 de 2 millones 500 mil inmigrantes indocumentados pasados de Mèxico a Estados Unidos ha subido a 8 millones desde entonces. Con la esperanza de una vida mejor, los mexicanos corren el riesgo de cruzar la frontera, pero sólo terminan por hallar la esclavitud en los campos de Estados Unidos, por ser encarcelados en la frontera, por ser objeto de la xenofobia de legisladores estadounidenses y a veces incluso por encontrar la muerte en el intento. En 2005 se estima que unos 400 mexicanos murieron al intentar cruzar la frontera.
Como ninguna muralla será capaz de eliminar la presión existente en la frontera estadounidense-mexicana surgen unas simples preguntas: ¿Deberían ser criminalizados los inmigrantes en nuestras fronteras amuralladas o deberemos deshacernos de los tratados de libre comercio o renegociarlos? ¿Deberíamos culpar a las víctimas de los acuerdos de libre comercio o asegurar que del mismo modo que los capitales y las mercancías cruzan libremente las fronteras también puedan hacerlo los hambrientos, los desamparados y los desposeídos?