[a] Acción municipal: para las comunidades que ya se han autoproclamado zonas libres del AGCS
La presente está dirigida a Usted en su calidad de Ministro responsable de la posición de [ Nombre del País] en las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). En su resolución la [Nombre de la Ciudad] ha expresado previamente su oposición a cualquier obligación del AGCS que pueda socavar la capacidad de los gobiernos locales de establecer reglamentaciones en beneficio del interés público. La resolución establece específicamente:
 
[Citar la resolución correspondiente sobre el AGCS]
 
A los gobiernos locales se nos ha asegurado que nuestro derecho a reglamentar no está en cuestión en las negociaciones del AGCS, siempre que no discriminemos a los proveedores de servicios extranjeros. Sin embargo, en este último tiempo ha llegado a nuestro conocimiento información que indica que los negociadores de comercio firmarán a la brevedad nuevas restricciones a la reglamentación nacional en el marco del AGCS. La declaración ministerial de Hong Kong establece que: "Los Miembros elaborarán disciplinas sobre la reglamentación nacional…antes del final de la actual ronda de negociaciones" [a fines de 2006]
 
Estas nuevas obligaciones significan que la OMC puede determinar que las reglamentaciones de   [Nombre de Ciudad] son "innecesariamente gravosas", "no relevantes", "no objetivas", y/o "no razonables" –incluso si no discriminan en forma alguna a los proveedores de servicios extranjeros. Ejemplos específicos de áreas de nuestra jurisdicción que correrían riesgo son:
 
-         Los requisitos de licencia o autorización para bares, hoteles, restaurantes y comercios minoristas, tales como restricciones respecto de los horarios de funcionamiento o condiciones respecto a emprendimientos inmobiliarios en zonas de patrimonio histórico de la ciudad. Estas normas podrían ser catalogadas en los fallos de los paneles de la OMC como "innecesariamente gravosas", "innecesariamente restrictivas del comercio", "no razonables", o no "relevantes"
-         Cualquier gravamen por concepto de concesión de licencias municipales que no se limite estrictamente a los costos administrativos.
-         Aprobaciones de permisos de construcción que no se otorguen en forma "expedita" o en un plazo "razonable" de tiempo, poniendo en peligro la posibilidad de tener en cuenta los aportes de la opinión pública y evaluar exhaustivamente los impactos del emprendimiento.
-         Normas de disposición de los desechos que impongan requisitos "innecesariamente gravosos" o "no razonables" para el reciclado. La prohibición de incinerar podría ser catalogada como una medida "innecesariamente restrictiva del comercio".
-         Los requisitos de calificación para las empresas privadas contratadas por la municipalidad podrían ser considerados "innecesariamente gravosos", "no razonables" o "no relevantes".
Dada la proximidad de la fecha límite para finalizar estas negociaciones, es urgente para nosotros conocer su compromiso en el sentido de que [Nombre del país] se opondrá a la imposición de nuevas disciplinas del AGCS relativas a la reglamentación nacional.

[b] Carta modelo para los Ministros de Comercio de los países 
Estimado señor Ministro,                                         
 
Los suscritos, representantes de organizaciones de la sociedad civil en [Nombre del país] nos dirigimos a Ud. para expresar nuestra oposición a cualquier obligación del AGCS que signifique socavar la capacidad de los gobiernos (a nivel local, regional o nacional) de reglamentar en beneficio del interés público. Es con gran preocupación que hemos notado que [ Nombre del Gobierno] no ha adoptado una posición indiscutiblemente clara en las actuales negociaciones del AGCS que tienen lugar en Ginebra, contraria a:- la inclusión de "pruebas de necesidad" en el artículo VI.4, aplicables a las disciplinas concernientes a la reglamentación nacional;- la inclusión de nuevas disciplinas relativas a los requisitos y procedimientos de calificación, los requisitos y procedimientos de concesión de licencias o autorizaciones, y las normas técnicas; y - la inclusión de cláusulas relativas a "observaciones previas", que exigirían que los gobiernos notificaran los proyectos de ley y de reglamentación y solicitaran observaciones a los miembros de la OMC y las tuvieran en cuenta.
Según la Secretaría de la OMC, una eventual prueba de necesidad en el AGCS constaría de dos componentes: "el primer componente es el requisito general de que las reglamentaciones no sean más restrictivas del comercio que lo necesario; el segundo componente es examinar si una medida particular es efectivamente necesaria para alcanzar el objetivo legítimo especificado" [Secretaría de la OMC "Pruebas de necesidad en la OMC" Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional" S/WPDR/W/27, del 2 de diciembre de 2003, p.1]. De conformidad con las pruebas de necesidad, los paneles de solución de diferencias de la OMC tendrían potestad para determinar si una medida que un gobierno particular decide adoptar es o no "necesaria" para lograr ciertos objetivos de política pública.
En efecto, una "prueba de necesidad" le permitiría a cualquier miembro de la OMC cuestionar las normas y reglamentaciones nuevas de otro miembro de la OMC a través del Entendimiento sobre Solución de Diferencias. Por ende, la capacidad de los gobiernos de ejercer su derecho a reglamentar en pos del interés de sus pueblos y el medioambiente se vería seriamente restringida. Casi todas las reglamentaciones se pueden interpretar como una barrera de algún tipo al comercio, simplemente porque buscan deliberadamente refrenar o influir a la actividad comercial con el propósito de fomentar otros objetivos asociados al interés público. Como consecuencia, las reglamentaciones relativas a salud pública, planificación municipal, o a la protección de los consumidores, los trabajadores o el medioambiente, podrían todas ellas ser consideradas "más gravosas que lo necesario" y por lo tanto ser cuestionadas ante los paneles de solución de diferencias de la OMC. El caso de los juegos de azar de Estados Unidos vs. Antigua, en el cual el organismo de solución de diferencias de la OMC falló que las leyes federales y estaduales de Estados Unidos que restringían los juegos de azar en Internet eran violatorias de las reglas de la OMC, es un claro ejemplo que ilustra el tipo de interferencias que podrían surgir en el marco del AGCS.
Si se incluyera una "prueba de necesidad" en el AGCS, los gobiernos nacionales, provinciales, estaduales o municipales podrían encontrarse con que las reglamentaciones que autorizaron podrían ser revocadas por los paneles de solución de diferencias de la OMC. En realidad, algunas de las propuestas que están hoy en consideración en la OMC llegan incluso a exigir que los Estados miembros sometan sus propuestas de medidas legislativas y reglamentarias a la consideración de otros miembros de la OMC para recibir las observaciones respectivas, antes que éstas sean votadas en sus parlamentos nacionales. Esto implica que los miembros de la OMC tendrían el derecho a comentar la legislación que se propone aprobar otro miembro—ya que podría afectar la capacidad exportadora de sus compañías—antes de que las propias instituciones democráticas del miembro en cuestión tomaran una decisión sobre el proyecto de ley.
En la OMC, solamente un pequeño grupo de países que incluye a Suiza, Australia y Nueva Zelanda impulsan hoy con agresividad la introducción de "pruebas de necesidad" en el AGCS. La mayoría de los miembros de la OMC, incluido Estados Unidos, se oponen formalmente a las pruebas de necesidad, y han explicitado su opinión sobre el tema.
Nos oponemos a la imposición de la "prueba de necesidad" –inclusive las propuestas relativas a "observaciones previas"—en cualesquier disciplinas nuevas a la reglamentación nacional. En nombre del ejercicio democrático responsable y en pos de conservar el derecho de reglamentar en el interés de nuestros pueblos y nuestro medioambiente, ha llegado el momento de que [ Nombre del País] declare su oposición a cualquier disciplina de la OMC en el AGCS que pueda maniatar el derecho de los gobiernos a reglamentar.
Tenemos entendido que el presidente del Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional presentará en breve el borrador de un texto consolidado sobre las restricciones normativas propuestas, que sería la base de las negociaciones que habrán de darle forma final a las nuevas disciplinas a fin de año. Si a pesar de la oposición de la mayoría de los países en desarrollo y la sociedad civil en todo el mundo, se incluye una prueba de necesidad u otra restricción sustantiva en el texto borrador del presidente, una vez más, los intereses de las industrias de servicios habrán tenido prioridad por sobre el interés de los pueblos. Por esta razón, es imprescindible que nuestro gobierno dé a conocer inmediatamente su opinión en este tema fundamental.
Apreciaríamos contar con la posibilidad de una reunión con Usted para poder analizar este asunto de tanta importancia antes de su partida para la reunión mini-Ministerial de fines de junio, o en su defecto, tras su regreso de Ginebra.
Sin otro particular, saludan a Usted atentamente,

[c] Carta o Fax dirigido al Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional
Para
Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional
Peter Govindasamy, Funcionario Técnico, AGCS, Singapur
Fax:      41-22-739 57 71 (Secretaría de la OMC, División Servicios)
Email:  singpm_gva@sgmfa.gov.sg  <mailto:singpm_gva@sgmfa.gov.sg> (Misión Permanente de la República de Singapur)
Abdel-hamid.mamdouh@wto.org  <mailto:Abdel-hamid.mamdouh@wto.org>   (Director, División Servicios, OMC)
           
Estimado Sr. Govindasamy
Le escribimos en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional. Es nuestra intención comunicarle nuestra oposición a cualquier obligación en el marco del AGCS que pueda socavar la capacidad de los gobiernos (locales, regionales o nacionales) de reglamentar en pos del interés público.
Hemos tomado conocimiento recientemente de que los negociadores de comercio firmarán a la brevedad nuevas restricciones a la reglamentación nacional en el marco del AGCS. La declaración de la cumbre ministerial de la OMC de diciembre de 2006 en Hong Kong establece que "Los Miembros elaborarán disciplinas sobre la reglamentación nacional…antes del final de la actual ronda de negociaciones" [a fines de 2006].
Nos preocupa muy especialmente, que exista cualquier obligación nueva que implique que la OMC pueda determinar que ciertas reglamentaciones son "innecesariamente gravosas", "no relevantes", "no objetivas" y/o "no razonables" –incluso aunque las mismas no discriminen en modo alguno a los proveedores de servicios extranjeros. En este contexto, nos oponemos firmemente a que se incluya cualquier tipo de 'prueba de necesidad' en las nuevas disciplinas a ser negociadas. La mayoría de los miembros de la OMC –tanto de los países en desarrollo como de los países desarrollados – ha presentado propuestas que claramente rechazan la idea de una 'prueba de necesidad'.
Creemos que tales nuevas obligaciones y reglas implicarían que el derecho a reglamentar se viera gravemente perjudicado. Apelamos a Usted en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional para que no incluya ninguna propuesta que implique "pruebas de necesidad".