El 13 de junio en Quito, la maltrecha Comunidad Andina de Naciones (CAN) dio el primer paso hacia la superación de su crisis institucional. Venezuela se alejó temporalmente, pero los Jefes de Estado de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú reafirmaron su "firme decisión de avanzar en el fortalecimiento y consolidación" de la integración regional. El bloque ha recobrado la normalidad con la asunción del mandatario boliviano Evo Morales a la Presidencia pro tempore de la CAN. Morales abre espacios a la integración alternativa con su Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), que disiente con los principios de los Tratados de Libre Comercio (TLC) de Estados Unidos.

En la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Quito el 13 de junio de 2006, los Presidentes de Bolivia, de Colombia Alvaro Uribe, de Perú Alejandro Toledo y de Ecuador Alfredo Palacio, coincidieron en que la mejor forma de defender los intereses de los países de la región en un mundo globalizado e interdependiente es integrar a la subregión y encarar juntos la batalla en los mercados mundiales.

Los cuatro mandatarios reiteraron que los objetivos de la integración andina vigentes están "inequívocamente orientados a la consecución del desarrollo armónico de los pueblos en un marco de democracia, justicia social y respeto a los derechos humanos".

La CAN quiere más que un TLC

En el pasado, los gobiernos de la región seguían un libreto único en la proyección y negociación de acuerdos de integración comercial con el exterior, que priorizaba temas comerciales por sobre otros objetivos sociales de la integración entre naciones. En la cumbre de Quito, la CAN reanudó las negociaciones con la Unión Europea con vistas a suscribir un Acuerdo de Asociación y ya no el Acuerdo de Complementación Económica que había comenzado a tratar el 16 de diciembre de 2003 con vistas a conformar una Zona de Libre Comercio hasta el 1 de julio de 2004.

El acuerdo de antaño solo hablaba de cronogramas para la liberación comercial y de disciplinas comerciales (regímenes de salvaguardias, medidas sanitarias y fitosanitarias, régimen de origen, medidas antidumping, etc). El tratado actual incluye además de un acuerdo comercial, planes de diálogo político y varios programas de cooperación "sobre la base de los tradicionales principios y pilares que sustentan las relaciones biregionales".

Los países de la CAN están convencidos de que los acuerdos con terceros países también deben "atacar las causas estructurales de la migración, la pobreza, la exclusión social y la preservación del medio ambiente".

Los miembros del bloque andino informaron por carta a José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión Europea, que antes de iniciar cualquier diálogo definirán primero las bases de negociación, algo que no ha ocurrido en las charlas del TLC con Estados Unidos. Bolivia propone nuevas bases que rompen con el modelo único del Consenso de Washington.

Los Presidentes Morales, Uribe y Palacio enviaron una carta a su homólogo de Estados Unidos George W. Bush solicitando la extensión de las preferencias arancelarias contenidas en el "Acta de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas" (ATPDEA), que vencen a fin de año, sin mencionar un TLC. Sólo Toledo "dejó constancia explícita" de que desea la aprobación del TLC que suscribió el 12 de abril.

Es necesario prorrogar las preferencias arancelarias mientras se concreten e implementen acuerdos comerciales con Estados Unidos, "desde nuestras respectivas visiones e intereses", para no crear incertidumbre en el comercio, indican los presidentes en la misiva a Bush. Toledo acompaña la solicitud sólo por "solidaridad andina", "sabiendo que cada país de la subregión tiene diferentes visiones y velocidades en la negociación comercial".

Indirectamente, los países de la CAN recuerdan a Bush que las preferencias arancelarias no son una concesión de Estados Unidos sino una compensación por los grandes costos humanos y económicos de la lucha contra el narcotráfico, que fue la razón original para el establecimiento de dichas preferencias.

El TCP a debate

Aunque estaba previsto en el programa, los países de la CAN no tuvieron tiempo de acordar en Quito las bases de negociación de un Acuerdo de Asociación con la UE, en parte por la negativa de Perú a acordar una posición común del bloque respecto a la ampliación del ATPDEA. Los Mandatarios se propusieron clarificar y definir estas bases antes del 20 de julio de este año. Para ello, se creó un Grupo de Trabajo integrado por los viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los cuatro países, que trabajará en el curso de las próximas cuatro semanas.

La representación boliviana fue la única que presentó una propuesta concreta para la negociación que puede ser la base de discusión en el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y en la Comisión de la Comunidad Andina.

Con el TCP, el país pasa de la protesta a la propuesta y por primera vez rompe con el pensamiento único planteando un Acuerdo de Asociación post neoliberal, "fundamentalmente de complementariedad en diferentes niveles entre la CAN y la UE" para encontrar juntos soluciones a los temas de la migración, narcotráfico, preservación del medio ambiente, problemas estructurales que engendran la pobreza y el desempleo, fortalecimiento de identidades, potenciamiento y recuperación de los Estados, y el desarrollo de democracias auténticamente participativas e inclusivas de todos los sectores, en particular de los pueblos indígenas excluidos por más de 500 años.

Es prioritario -dice el gobierno de Evo Morales- que los pueblos, el ser humano y la naturaleza sean los principales beneficiarios de esta asociación. "Debemos superar esa práctica en la que los intereses empresariales transnacionales se anteponen a las necesidades de la población y el medio ambiente". Si se quiere construir una verdadera integración se requiere la participación activa de la sociedad civil y de las organizaciones sociales, enfatiza la propuesta boliviana.

Para que el dialogo político sea equilibrado y recíproco, ambos bloques, la CAN y la UE, deben admitir que tienen mucho que aprender uno del otro en temas como democracia formal y comunitaria, autonomías, descentralización, lucha contra corrupción, solución concertada de conflictos, cultura de paz e integración con soberanía.

Por otro lado, el gobierno de Morales piensa que las reglas del Acuerdo de Asociación en el ámbito comercial no pueden ser iguales para ambas partes mientras subsistan profundos desequilibrios. "El PIB de la UE es más de 50 veces el PIB de la CAN, y en relación a algunos países como Ecuador y Bolivia es entre 300 y 1.000 veces superior. Para que exista un Acuerdo justo y equitativo las disposiciones que se aprueben deben ser mucho mas favorables para la CAN que para la UE. No se trata de una aplicación mejorada del ‘Trato Especial y Diferenciado' sino de normas desiguales que permitan equilibrar la integración de realidades desiguales", explica el negociador comercial del gobierno boliviano Pablo Solón.

Bolivia demanda a la UE que reconozca el derecho de los Estados, en particular de las economías más pequeñas, a proteger sus mercados internos y a dar incentivos a sus productores a través de diferentes mecanismos -como las compras gubernamentales, por ejemplo- para reactivar sus aparatos productivos menos competitivos. Esto significa que la cooperación de la UE hacia la CAN debe ser incondicional, respetuosa de las políticas soberanas que adopten los Estados andinos, y sobre todo contribuir a superar las causas estructurales de la dependencia y el colonialismo que subsisten.

Las naciones del sur de América requieren financiamiento para el desarrollo y no donaciones condicionadas o contratos leoninos que abultan la deuda externa. "Tenemos que promover un cambio de fondo en la cooperación multilateral (Banco Mundial, FMI, BID y otros) para que realmente atienda las prioridades que definen soberanamente los Estados (...) La industrialización de nuestros recursos naturales, el desarrollo de la infraestructura integradora y el fortalecimiento y universalización de los servicios públicos deben ser prioridades de esta cooperación sin condicionamientos", subraya la propuesta de Evo Morales.

En resumen, expone Solón, Bolivia se propone reconducir los procesos de integración subordinando los aspectos comerciales a las necesidades de desarrollo con soberanía e identidad de cada una de las naciones participantes en el Acuerdo de Asociación con la UE.

Las premisas del TCP-UE

Narcotráfico: La CAN y la UE reconocen que lucha contra el narcotráfico abarca diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico: el blanqueo de dólares en los bancos, el desvío de precursores y químicos, y la producción, transporte y comercialización de estupefacientes. Hay que reconocer que la tarea es compartida, pues el actual modelo de interdicción ha fracasado. No se puede confundir la hoja de coca con la cocaína porque la hoja en su estado natural no hace daño y más bien tiene cualidades benéficas para la humanidad. Por ello es fundamental que de una vez por todas se despenalice la coca y se la reconozca cómo parte esencial de la cultura de los pueblos indígenas andinos.

Emigración: Se trata de un problema estructural que afecta a la UE y a la CAN y que debe ser resuelto creando empleos duraderos y luchando contra la pobreza. Este drama no se soluciona con medidas policiales ni administrativas.

Contaminación: La defensa de la naturaleza y del medio ambiente pasa por aprender de los pueblos indígenas su habilidad para convivir en armonía con la naturaleza. Hay que impedir que las empresas migren de una región a otra para aprovecharse de estándares más bajos de control medioambiental.

Acceso a Mercados: La UE tendría que instituir de manera unilateral el arancel cero para todos los productos de la CAN, en particular los bienes con mayor valor agregado, si es que efectivamente desea ayudar a desarrollar a pequeños productores, microempresarios, cooperativas, asociaciones y organizaciones económicas campesinas. Y no basta el arancel cero sino mercados seguros para los productos, lo que implica la supresión de barreras no arancelarias y normas técnicas y fitosanitarias restrictivas.

Agricultura: No puede ser tratada como una actividad económica más porque de ella depende la alimentación, la vida y la cultura de millones de personas. En este campo, los Estados tienen el derecho y la obligación de garantizar la soberanía y seguridad alimentarias de su población haciendo prevalecer el bien colectivo por encima de los intereses del agro negocio. La promoción de una agricultura ecológica debe ser una prioridad.

Inversión extranjera: Merecen protección y garantías de los Estados los inversionistas que realmente invierten y contribuyen al desarrollo transfiriendo su tecnología, utilizando materias primas e insumos andinos, contratando mano de obra nacional y respetando la normativa ambiental, laboral y la regulación nacional. Cualquier disputa entre un inversionista extranjero y un Estado se resuelve en el marco de la jurisdicción nacional y no en paneles de arbitraje internacional antidemocráticos.

Propiedad intelectual: Es vital que se garantice el acceso a medicamentos genéricos y se amplíen las licencias obligatorias para medicamentos patentados por necesidades de salud pública. Se prohíbe el patentamiento de plantas, semillas, animales y microorganismos y toda materia viva. Urge iniciar un amplio debate sobre el concepto de patentes y propiedad intelectual para evitar la privatización del conocimiento y para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

Servicios: Un Acuerdo de Asociación con la UE debería fortalecer la capacidad reguladora y gestora del Estado para garantizar el cumplimiento de las metas del milenio, esto es fortalecer y universalizar los servicios públicos (salud, educación,  seguridad social,  agua y saneamiento básico) y no promover su liberalización y privatización.