(Altercom).- El Ministerio de Energía de Ecuador declaró hoy la caducidad del contrato con la compañía estadounidense Occidental Petroleum Company, conocida como la Oxy. El pedido de caducidad ha sido una exigencia de todas las organizaciones sociales del país.

La Oxy tendrá que irse de Ecuador. Los bloques de producción de la OXY extraían la tercera parte de la producción
nacional. Sus enormes ganancias no solamente se debían al oro negro, por el cual pagaban precios irrisorios al país, sino también a su radio de influencia desde 1985 sobre ministros de Energía, gerentes de la estatal Petroecuador, líderes políticos y comentaristas de ciertos medios.

Augusto Tandazo, experto petrolero, alabó la decisión del ministro de Energía, Iván Rodríguez, de determinar la caducidad del contrato con la petrolera Occidental, en ese sentido refirió que “ha triunfado la seguridad jurídica” y agregó que Petroecuador  deberá ahora hacerse cargo del bloque 15 dejado por OXY.
“Ha triunfado la seguridad jurídica, esa ha sido nuestra tesis, ha triunfado el Derecho, porque no se puede hacer distinción a ninguna persona natural y jurídica respecto de la obligatoria y necesaria aplicación de la Ley, la Ley establecía en este
caso de manera clara que la caducidad del contrato procedía ante las infracciones cometidas por la Occidental y lo mismo lo ratifica el contrato y eso es lo que ha tenido  a la postre  que hacer el Gobierno Nacional, que dicta la resolución correspondiente, de tal manera que esto no es un ataque a las compañías petroleras, de ninguna manera esto es nada más que la vigencia de la ley, una compañía que reiterativamente actuó al margen de las disposiciones y de las normativas vigentes de la Ley de Hidrocarburos que es los reglamentos que se dictan para el efecto”, aseveró Tandazo en entrevista
concedida en Notimundo y Ecuadorinmediato.com.
Con relación a los efectos de la caducidad, el jurista advirtió que en términos prácticos e inmediatos, la declaratoria de caducidad del contrato por mandato del artículo 75 de la Ley de Hidrocarburos y 29 de la Ley de Hidrocarburos y de la cláusula 18.6 del contrato también está establecido que automáticamente “los bienes, instalaciones, equipos, maquinarias y derechos de la compañía regresan al Estado ecuatoriano sin costo alguno y esto está pactado incluso en el contrato”.
“De tal manera que esto regresa, incluso el Ministerio tiene que cobrar las cauciones y garantías que por Ley tiene que haber dado la Occidental, de tal manera de que eso es automático, eso se llama la figura jurídica de la reversión”, sostuvo.
“Por mandato de la Ley y por mandato del contrato tiene que recibirlos Petroecuador, ahora será el Gobierno Nacional que a futuro decida que políticas seguir respecto de la administración de campos, si lo mantiene con Petroecuador, si le da los recursos suficientes para que actué o vea cual alternativa de contratación sea la que utilice, lo interesante es que esto regresa a Petroecuador y el Gobierno tendrá la decisión de qué hacer con el campo”, adicionó al tiempo de sugerir la posibilidad de subcontratar para que la maquinaria comience a operar y seguir con las operaciones del bloque petrolero.
Con relación a un arbitraje internacional y demandas en ese sentido, Tandazo aseveró que esta no es posible. “Aprovecho la ocasión para decirle al país lo siguiente: No cabe el arbitraje respecto de esta resolución del Ministro porque la cláusula 21.4 del contrato de manera expresa dice que se utilizará la cláusula vigésima del contrato de arbitraje, en cualquier caso menos en los de caducidad contractual”, señaló y reiteró que “todo lo que se diga en contra es nada más para causar confusión,
presión y causar una cierta inseguridad, el arbitraje no cabe”.
En torno al tiempo que tiene Occidental para abandonar el país, el experto sostuvo que debe hacerlo inmediatamente. “Los campos en esta noche mismo tienen que ya haber sido tomados, tienen que haber tomado precauciones y tienen que tomarlos Petroecuador, de tal manera que esto es automático, es absolutamente automático”, dijo.
“Todo lo que este en manos de Occidental, todos los derechos que tiene Occidental, pasan automáticamente, bienes, instalaciones, equipos, maquinarias, todo lo que es Occidental pasa automáticamente a Petroecuador sin costo alguno”, reiteró entre otras cosas y aseveró que según estudios, el costo del campo que dejaría la OXY tiene un costo de 12 mil millones de dólares.
“Eso se revierte al Estado es una producción de 105 mil barriles diarios que actualmente a un precio de 58 dólares de crudo Napo, ese campo está produciendo más de 6 millones de dólares, pero hay que descontar lo que si estaban pagando al Estado ecuatoriano por impuestos, por participación, descontar los costos, descontar las utilidades de tal manera que ahí quedan liquido unos 3 millones y algo más diarios para el estado ecuatoriano lo cual tendrá un ingreso de unos 1.300 millones de dólares al año”, sentenció.
“El tratado de Promoción y Protección reciproca de inversiones que fue suscrito entre el Ecuador y los Estados Unidos establece en el Artículo 8 que el tratado se acabará pero no se podrá ir contra entre otras cosas contra los fallos administrativos o judiciales que se dicten en algunas de las partes, de tal manera que ni el tratado puede irse contra este fallo, obviamente que van los defensores de Occidental a tratar de decir que no es así, pero el Derecho al final usted ve que cuando hay consistencia en el manejo de los términos adecuados en las pruebas que se presentan y en los argumentos jurídicos que se rimen al final triunfa el derecho, en tal manera que en materia de arbitraje tampoco podrán llevarnos al arbitraje, la gente se confunde mucho con el arbitraje del IVA de occidental”, añadió y reiteró que Petroecuador sí está en capacidad de operar el bloque 15.

Una victoria de la lucha popularLa lucha fue desde los paros y marchas de los pueblos amazónicos y especialmente de los campesinos e indígenas de Sucumbios y Orellana (destacándose la perseverancia de la Asamblea biprovincial, Red Amazónica por la Vida y Asamblea de los Pueblos), de sus autoridades seccionales, especialmente del Prefecto Guillemo Muñoz y la Prefecta Guadalupe Llori, junto a alcaldes y diputados amazónicos, hasta las perseverantes luchas de las organizaciones indígenas, sindicales, estudiantiles, barriales.