La Universidad de Costa Rica (UCR), el centro de estudios superiores más importante de este país, recomendó al Congreso "rechazar" el Cafta, pues "propiciará la pérdida de soberanía". El documento de 26 páginas, fue remitido a la comisión de asuntos internacionales del Congreso, la cual estudia el acuerdo comercial y recibe las posiciones de los diversos sectores del país.

Según informa la agencia EFE, el informe del la UCR "recomienda rechazar el proyecto de ley TLC la República Dominicana, Centroamérica y EEUU". El TLC "define reglas supranacionales con consecuencias políticas, económicas y sociales de largo alcance para todos los pueblos centroamericanos, en áreas claves para el desarrollo y el combate a la pobreza", añade el documento.

Según la UCR, el acuerdo comercial "contiene transformaciones radicales y profundas en la estructura y el funcionamiento del Estado costarricense, al limitar y redefinir el ejercicio de sus potestades esenciales". "Estas transformaciones se traducen en pérdida de soberanía, pérdida de autonomía para establecer sus propias políticas de desarrollo, así como pérdida de la capacidad regulatoria del Estado para ordenar, conforme al interés nacional, el desempeño de actividades productivas en su territorio".

El informe considera que con el TLC también "se golpea la autonomía del Parlamento costarricense para dictar las propias leyes nacionales". "Las decisiones que tome el país en los próximos meses, especialmente con respecto al proyecto de ley del TLC, pueden afectar considerablemente y en forma irreversible el modelo de desarrollo solidario que hemos heredado de quienes nos antecedieron", añade.

Según la UCR, "en toda la redacción del proyecto de ley se favorece, de manera sistemática, el funcionamiento libre de las empresas trasnacionales en todas sus formas: capital financiero, industrias de comunicaciones, derechos de patente, etc". "La concepción general del tratado es la de la paridad de condiciones y oportunidades del comercio entre los países firmantes, mientras la realidad presenta enormes asimetrías en tales condiciones y oportunidades que convierten las negociaciones comerciales en relaciones desiguales". De acuerdo con los académicos, el hecho de que el TLC "obligue a ratificar una serie de convenios internacionales, algunos rechazados por la Asamblea Legislativa, es una acción muy agresiva para el país".

Costa Rica es el único país cuyo Congreso aún no ha ratificado el Cafta, el cual deberá ser dictaminado por la comisión de asuntos internacionales y, posteriormente, pasar al plenario para su votación.

Daniel Soley y Lisbeth Quesada, defensor adjunto y defensora de los Habitantes en Costa Rica, respectivamente, puntualizaron que se debe analizar y cambiar el modelo de desarrollo del país, pues en los términos en se encuentra el Cafta resulta perjudicial porque incrementaría los problemas de índole social.

Los negociadores del Cafta se extendieron en sus potestades y permitieron que se discutiera un acuerdo comercial sin limitaciones y con aspectos que rozan la normativa nacional. Para el defensor adjunto de los Habitantes, Daniel Soley Gutiérrez, el problema del Cafta es que se trató de abarcar aspectos que van mucho más allá de lo que es un tratado comercial.