(Bolpress).- En la reciente minicumbre de Asunción, los presidentes de los países más pequeños y menos desarrollados de Sudamérica, Bolivia, Paraguay y Uruguay, acordaron con la primera potencia energética del continente, Venezuela, trabajar hasta fin de año en el proyecto “cono energético del sur”, emprendimiento que sería parte del megaproyecto venezolano Gas Sudamericano. En la ocasión, por primera el presidente Evo Morales fue explícito al respaldar la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) propuesta por el presidente Hugo Chávez.

En reunión con los presidentes Nicanor Duarte, Tabaré Vásquez y Hugo Chávez, Morales planteó avanzar en una estrategia de desarrollo sustentada en el bienestar de los pueblos, hasta el momento olvidados. "El ALBA derrotó al ALCA y en Bolivia planteamos que el TCP derrote al TLC" declaró e invitó a su colega Chávez a discutir el ALBA en el Chapare, la combativa zona productora de coca que resistió eficientemente a las políticas neoliberales. Duarte coincidió con Morales en impulsar una integración que no se limite al ámbito económico-comercial sino que trascienda hasta el plano cultural y otros de interés humano.

La propuesta boliviana

Hay que entender al Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) propuesto por el gobierno de Bolivia como una respuesta natural al agotamiento del modelo económico aplicado en las últimas dos décadas que se fundamenta en la desregulación, la privatización y sobre todo en la apertura indiscriminada de los mercados como única herramienta eficaz en la carrera hacia el desarrollo.

La experiencia acumulada en las últimas dos décadas –dos severas crisis financieras internacionales de por medio y decenas de conflictos nacionales que amenazan con desestabilizar la democracia en varios países– obliga a cambiar la lógica de las relaciones internacionales y a descentralizar la toma de decisiones. Ya no es aceptable ni eficiente que un reducido grupo de naciones poderosas nieguen a los países rezagados el derecho a diseñar sus propios modelos de desarrollo en función a sus necesidades internas. Ya no se puede aceptar que las potencias dicten una política económica mundial que no solucionará los problemas del desarrollo, como lo demuestran diversos estudios, incluidos los del Banco Mundial, razona el gobierno de Morales.

Desde ese punto de vista, el TPC de Bolivia y el ALBA venezolano son intentos de replantear la política de relacionamiento con el exterior incorporando objetivos ausentes en los actuales programas de integración económica propuestos por los países del Norte, como son alcanzar la Meta del Milenio, es decir la reducción efectiva de la pobreza, y sobre todo preservar a las comunidades indígenas de la homogeneización cultural promovida por los acuerdos de libre comercio liberales.

El documento oficial del TCP difundido hace poco indica que el gobierno boliviano busca equidad y complementariedad entre los países, equilibrio entre los ciudadanos –no está pensado sólo para un pequeño grupo exportador– y equilibrio con la naturaleza.

El TCP, el ALBA y otros planteamientos de integración pensados en el seno de la sociedad civil, como la propuesta de la Alianza Social Continental (ASC) defienden valores diferentes al ideario capitalista (que se resume en la competencia, la acumulación y el consumo) como ser la complementación, la cooperación, la solidaridad, la productividad, la prosperidad y el respeto a la soberanía de los países. El TCP enriquece el debate al habilitar una manera distinta de intercambio que se apoya fuertemente en el concepto indígena de reciprocidad entre los pueblos, y en la sustitución de la competencia por la complementariedad y la solidaridad.

El TCP entiende que el comercio y la inversión no son fines sino medios del desarrollo, y su objetivo no es la liberalización absoluta de los mercados sino beneficiar a los pequeños productores, microempresarios, cooperativas locales y empresas comunitarias.

Razones para oponerse al credo liberal del TLC

Según el credo neoliberal, la liberalización comercial asegura la mejor asignación de recursos de acuerdo a las "ventajas comparativas" de cada país, generando ingresos de exportación necesarios para importar otros bienes y servicios que garanticen mayor crecimiento económico. Esta religión asegura que la liberalización financiera atrae al capital extranjero hacia el país escaso de capital permitiéndole invertir más de lo que ahorra; y la inversión extranjera directa (IED) acelera el crecimiento no solo por la acumulación de capital sino también por la creación de lazos de oferta y demanda de productos en el mercado interno (“eslabonamientos virtuosos”) y la transferencia de tecnología. Se parte de la suposición de que a mayor liberalización comercial y a mayor peso de las exportaciones en el PIB corresponde un mayor crecimiento económico, más inversión física, mayor generación de empleos mejor remunerados y, por ende, elevación de niveles de bienestar social y reducción de la pobreza.

Pero esa es solo teoría, porque en la práctica la política neoliberal arroja resultados diferentes. Los países que se sometieron a este programa tuvieron una tasa media de crecimiento en el período 1990-2003 de 2,6% anual, inferior al crecimiento del PIB en el período de industrialización dirigido por el Estado entre 1960-1980 (5,5% anual). La distribución del ingreso y los índices de pobreza mejoraron considerablemente en los años setenta, antes de la imposición del “consenso”, pero empeoraron significativamente entre 1980 y 1990. [1]

Se prometió a Bolivia que la integración rápida a la economía mundial a través de la expansión de las exportaciones y el influjo del capital extranjero resolverían los problemas sociales, pero en la década de los 90 Bolivia se convirtió en uno de los cuatro países del continente en donde la desigualdad aumentó de forma más marcada y en donde el índice de Gini (un indicador que muestra las desigualdades sociales en cuanto a la  concentración de la riqueza) registró un cambio promedio de más de un punto por año. [2]

El economista Paul Samuelson (The gains from international trade once again, 1962) demostró formalmente que si bien el libre comercio puede elevar la eficiencia en la asignación de recursos y maximizar el crecimiento económico y el bienestar en un conjunto de naciones, no necesariamente maximiza el crecimiento y el bienestar en cada uno de los países participantes; por el contrario, algunas naciones pueden empeorar su economía y su bienestar a causa del libre comercio. [3]

Con esos antecedentes, el TCP de Morales subordina el comercio al desarrollo y bienestar humanos en el entendido de que los objetivos de la política económica no pueden ser reducidos al incremento del PIB o a la liberalización comercial. La prioridad del nuevo modelo es la mejora de los niveles de vida (ingresos, educación, salud, agua, cultura), y un desarrollo sostenible, equitativo, igualitario y democrático, que permita la participación consciente de los ciudadanos en la toma de decisiones.

En resumen, el TCP es un modelo comercial que, en concierto con políticas de desarrollo productivo nacional y local, pretende resolver el problema de la distribución de la riqueza a favor de los más pobres y responder claramente a una pregunta central: ¿Al servicio de quién debe estar el comercio? Queda claro que el comercio no es la panacea para aliviar la pobreza en los países en desarrollo sino sólo un factor entre muchos que contribuyen al crecimiento económico. También es evidente que, tal y como está diseñado actualmente, el libre comercio no beneficia a todos los países por igual automáticamente y tampoco a todos los habitantes de una nación. [4]

A romper mitos

El TLC de Morales, que se complementa con el ALBA de Chávez, no busca trascender el capitalismo sino simplemente plantear un esquema comercial de corte nacionalista. Ambos proyectos parten del convencimiento de que los países desarrollados del Norte pregonan y fomentan el librecambio a las naciones más pobres, mientras continúan ejerciendo un control férreo e irrestricto de sus mercados internos. Las grandes potencias tienen doble moral: por un lado exigen a los países en vías de desarrollo renunciar al uso de las políticas públicas para impulsar sus aparatos productivos, mientras que por otro aplican ruinosos subsidios a favor de los suyos. Las subvenciones de los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ascienden a 350 mil millones de dólares anuales. Sólo en el caso del algodón, el proteccionismo implica no menos de 100 mil millones de dólares al año, el doble de lo que reciben los países del Sur como Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). [5]

Además de los subsidios, los países ricos imponen obstáculos técnicos al comercio de los más pobres, es decir barreras arancelarias y no arancelarias a las exportaciones agrícolas de las naciones subdesarrolladas, muchas de las cuales dependen de pocos productos, en particular materias primas.

En realidad, ningún país del planeta aplica el libre comercio ni lo aplicó en el pasado como un mecanismo para desarrollarse. Los actuales abanderados del libre comercio fueron en algunas etapas de su desarrollo económico los adalides de políticas proteccionistas. En 1880, Estados Unidos contaba con el arancel medio más alto del mundo y no reconocía los derechos de propiedad intelectual extranjeros –todo lo contrario a lo que hoy recetan la OMC y el FMI a los países pobres– pero era uno de los países del mundo que crecía a mayor velocidad. Adam Smith recomendaba a los americanos dejar de proteger a sus industrias, pero el presidente Ulysses Grant (1868- 1876) tenía otros intereses: “Dentro de 200 años, cuando América haya obtenido del proteccionismo todo lo que pueda ofrecer, también adoptará el libre comercio”.

Los ricos hicieron exactamente lo contrario de lo que ahora recomiendan a los países en desarrollo. Todos utilizaron protección arancelaria y subsidios para desarrollar sus industrias y cuando lo lograron impusieron libre comercio a los más débiles. [6] Friedrich List, un economista alemán de mediados del siglo XIX, argumentaba que, de este modo, los países más desarrollados “derribaban la escalera” con la que habían subido a lo alto para evitar que los países más pobres tengan la oportunidad de desarrollarse. [7]

Una nueva visión de desarrollo

Si bien el TCP y el ALBA contienen elementos de una política desarrollista tradicional, es decir la industrialización como objetivo central del desarrollo, la propuesta boliviana intenta marcar distancias con el modelo de desarrollo occidental que se fundamenta en el consumo y que está destruyendo la naturaleza.

“Los tratados comerciales diseñados en el Norte facilitan el desarrollo y la expansión del sistema capitalista a escala global que se fundamenta en la explotación ilimitada de los recursos naturales y humanos en la búsqueda constante del beneficio y la acumulación individual de riqueza, una visión que inevitablemente deriva en la degradación del medioambiente. La contaminación y depredación con el solo fin de obtener beneficios pone en riesgo la vida de los grupos humanos que conviven más estrechamente con la naturaleza, es decir las comunidades indígenas”, evalúa el TCP.

El TCP pone en duda la sostenibilidad de la teoría del “crecimiento económico” y la cultura del derroche occidentales que miden el desarrollo económico de una nación según la capacidad de consumo de sus habitantes. Por ello plantea otra lógica de relacionamiento entre los seres humanos, es decir un modelo de convivencia distinto que no se asiente en la competencia y el afán de acumulación que aprovecha/explota al máximo la mano de obra y los recursos naturales. Rescatando las premisas de la cultura indígena, el TCP postula la complementariedad frente a la competencia; la convivencia con la naturaleza en contraposición con la explotación irracional de recursos; la defensa de la propiedad social frente a la privatización extrema; el fomento de la diversidad cultural frente a la monocultura y la uniformización del mercado que homogeneiza los patrones de consumo.

Bolivia se propone alcanzar una verdadera integración que trascienda los campos comercial y económico –cuya filosofía es alcanzar el desarrollo endógeno justo y sustentable en base a principios comunitarios– que tenga en cuenta las diferencias nacionales respecto a población, superficie, producción, acceso a infraestructura y recursos e historia, en la línea de las dos propuestas de integración más avanzadas en este sentido como son la ASC y el ALBA.