(PL).- La anunciada batalla contra la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, ya comenzó en Costa Rica con una movilización que culminó el 24 de octubre en San José.
Los días previos a la protesta estuvieron matizados por las incitaciones del presidente, Oscar Arias, para que los opositores al tratado desistieran de la idea de la congregación.
También fueron anunciadas medidas coercitivas como el descuento salarial contra los trabajadores que participaran en la marcha en caso de producirse.
Días antes también, el gobernante costarricense lamentaba que no se produjera una reunión con el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, para analizar cuestiones referentes al tratado comercial.
El líder sindicalista advirtió que en un diálogo de ese tipo deben participar otros actores sociales como campesinos, cooperativistas, ecologistas, mujeres, estudiantes, empresarios, indígenas, líderes políticos, intelectuales, y muchos otros.
Precedió a esta doble jornada de protesta, las acusaciones de la Coordinadora de Lucha contra el TLC, sobre la prepotencia y el militarismo del gobierno para tratar de aprobar a sangre y fuego el tratado comercial.
En ese contexto, Costa Rica vuelve a romper su faz civilista como ocurrió ya con la intensiva ofensiva neoliberal.
Con el neoliberalismo, en el país se impulsaron políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que favorecían a esos organismos y a las grandes empresas transnacionales que ponían sus ojos en esta nación.
Las medidas de entonces afectaron al agro costarricense con los ajustes estructurales, la intensificación de la importación de granos y el surgimiento de pequeñas y medianas empresas que desplazaban a las familias campesinas.
Igualmente, se deterioraron las instituciones públicas, la calidad de los servicios y fueron vulnerados seriamente los sectores medios.
Los TLC, impulsados por Washington son una versión de aquellas políticas, sólo que ahora es Estados Unidos quien se favorece más al "competir" económicamente con países totalmente en desventaja.
Con su puesta en vigor, el TLC causará igualmente, la ruina de miles de campesinos y pequeños industriales que no soportarán el desafío de los productos estadounidenses subsidiados.
Sus opositores alegan que será una traición al país, pues el comercio totalmente desigual y el ajuste de varias leyes a los intereses de empresas foráneas, particularmente estadounidenses, significarían vender la patria.
Y es que no sólo se haría una liberalización acelerada del comercio de bienes, como los productos agrícolas, sino que incluiría nuevas normas para el comercio de servicios, los derechos de propiedad intelectual, la inversión, entre otros.
A ello se sumaría la privatización de patrimonios estatales como el Instituto Costarricense de Electricidad (telecomunicaciones y energía), el Instituto Nacional de Seguros, cuyos servicios han garantizado una cobertura a la mayor parte de la población.
Ayer, miles de personas desfilaron pacíficamente en la capital y en diversas ciudades del interior, especialmente en la zona norte y en el Caribe para pronunciarse contra el tratado.
En el puerto de Limón (Caribe), en las ciudades de Cañas, Nicoya y San Carlos (norte), así como en San Isidro del General (sur), se registraron también nutridas concentraciones.
En un balance de los resultados del primer día, la Coordinadora de Lucha contra el TLC, que dirige la protesta, aseguró que "se revela un enorme potencial para el futuro cercano, para incrementar la movilización".
Los manifestantes insisten en que el gobierno debe llamar a la construcción de una agenda nacional de desarrollo con participación de todos los sectores políticos, laborales y empresariales.
Con esta batalla antiTLC, los costarricense buscan frenar la estrategia del gran capital financiero para lograr el control hegemónico del poder en el país, y en la región.