(Miguel Lora).- Probablemente, el abordaje del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos sea el asunto más espinoso que enfrente el futuro gobierno del MAS. Como se dice vulgarmente, ese acuerdo comercial es una “papa caliente” que pone en riesgo y hasta inhabilita el programa de gobierno básico que Evo Morales ofreció en la campaña, esto es la Asamblea Constituyente, la recuperación de los recursos naturales y fundamentalmente el cambio del modelo económico.

Al parecer, Morales aún no comprende la magnitud del acuerdo político comercial que Estados Unidos ofrece a Bolivia y a otros tres países andinos, y por eso anuncia que está dispuesto a suscribir un TLC con Estados Unidos, “siempre y cuando beneficie” a las microempresas y a las empresas comunitarias.

Las características principales del modelo económico que el MAS intenta cambiar (el neoliberalismo) son la desregulación de la economía –que implica la eliminación de los controles estatales a favor de la producción privada de bienes y servicios–; el desmantelamiento del Estado a través de la privatización y la concesión de servicios a la iniciativa privada; y la eliminación de los subsidios a los productores internos, entre otras particularidades.

El hecho es que el TLC que Evo está dispuesto a negociar profundiza y mantiene a perpetuidad ese modelo de desarrollo, amarrando el sistema institucional económico de tal forma que es imposible cambiarlo sino es con el riesgo de someterse a juicios internacionales. Hasta los economistas sistémicos reconocen que el TLC no es susceptible de revisión ni siquiera en procesos “fundacionales” como la Asamblea Constituyente. Y si esto es así, ¿para qué armar un show de año y medio de duración que no tendrá la más mínima posibilidad de reformular, por ejemplo, el régimen referido a la inversión extranjera?

El capítulo de inversiones del TLC busca desregular el funcionamiento de la Inversión Extranjera Directa, concediendo amplios privilegios al capital, pero casi ninguna obligación. El acuerdo establece un marco de prohibiciones a los gobiernos que evitan regular el desempeño y funcionamiento de las empresas extranjeras en aspectos básicos como la transferencia de tecnología, contratación de fuerza de trabajo local, regulación de monopolios, entre otros. Es obvio que el capítulo vulnera el derecho soberano del Estado a definir su propia política pública.

Por otro lado, el TLC refuerza y consolida el proceso de ajuste iniciado a finales de los años ochenta al enfilarse hacia el objetivo de garantizar la privatización de lo poco que queda en el país, incluidos los servicios públicos esenciales como la educación y la salud, y hasta los seres vivientes.

En tercer lugar, el TLC prohíbe al Estado favorecer a los proveedores locales de mercancías y servicios, aun cuando haya buenas razones sociales y económicas para hacerlo, y concede “trato nacional” a proveedores extranjeros. El acuerdo otorga grandes garantías a los inversionistas extranjeros mientras que empuja a la competencia salvaje a los pequeños y medianos empresarios orientados al mercado interno. No establece mecanismos ni medidas suficientes para compensar las asimetrías, conduciendo a la desarticulación productiva del país.

Hasta aquí, el TLC que Evo está dispuesto a negociar con Estados Unidos inhabilita la Constituyente y consolida el modelo económico. Lamentablemente, el acuerdo también echa por la borda a la tercera propuesta de Morales, que es la recuperación de los recursos naturales.

El TLC es un acuerdo neoliberal, más político que económico, que extiende la lógica capitalista hasta el plano constitucional. Y en esa lógica todavía dominante, los monopolios estatales, como los que quiere edificar el MAS en el rubro de los hidrocarburos, simplemente están prohibidos.