Ecuador anunció oficialmente que no asumirá compromisos durante la XII ronda de negociaciones del TLC en Cartagena en los temas más polémicos del capítulo de propiedad intelectual: datos de prueba y biodiversidad hasta que exista "una decisión clara y al más alto nivel". El gobierno colombiano está declarando a los cuatro vientos su deseo ferviente de concluir las negociaciones del TLC con EEUU en octubre. Casi todas las mesas el trabajo técnico se ha cumplido exitosamente y llega el momento de las definiciones políticas, aseguran los negociadores colombianos.
La tesis andina con la que Ecuador no está de acuerdo supone otorgar una protección adicional de tres años a los datos de prueba (usados para verificar la eficacia de un fármaco), pero los estadounidenses quieren cinco. Los resultados de un análisis elaborado por la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) advierte sobre un aumento de precios en 16 principios activos de fármacos en caso de aceptarse la pretensión norteamericana.
El debate sobre fármacos ya venía estancado por la falta de respuestas de la delegación estadounidense a las propuestas andinas sobre patentes farmacéuticas, datos de prueba y publicidad de las solicitudes de registro sanitario. Ahora, el negociador estadounidense para este capítulo, Daniel Mullister, insiste en preguntar sobre temas ya explicados y aclarados.
Estados Unidos pide revisar temas viejos de propiedad intelectual en el TLC, solicitud que no cayó bien entre los negociadores andinos. El cambio de coordinador en la mesa de propiedad intelectual por parte de Estados Unidos y la insistencia de este equipo en volver a revisar temas que en anteriores rondas ya se habían planteado dejaron un mal sabor entre los negociadores andinos.
El debate en torno a la biodiversidad, asunto de alto interés en los países andinos, fue pospuesto, al igual que la denominada "Excepción Bolar", que permite a productores de medicamentos tramitar registros cuyas patentes están a punto de vencerse. Los negociadores estadounidenses plantearon la necesidad de introducir restricciones en esta materia, básicamente en tres aspectos: farmacéuticos, exportaciones y la introducción de una decisión de la OMC para evitar que se exporten productos que han sido objeto de licencia obligatoria. Los negociadores de EEUU insisten en que este procedimiento sólo debe iniciarse una vez la licencia se haya vencido -al día siguiente-, lo que implicaría que los productores de genéricos tendrían que esperar plazos adicionales mientras obtienen los respectivos registros.
En exportaciones, se busca que mientras las patentes no hayan vencido, los demás laboratorios no puedan iniciar la producción de muestras con destino a obtener registro sanitario en países a donde planea exportar.
Para algunos expertos en el sector, se quiere agotar el tema técnico para llevar la discusión sobre medicamentos a un plano puramente político en el que posiblemente se podría afectar el acceso a la salud.
Según Germán Velásquez, director del programa de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se puede correr el riesgo de que la negociación final consista en desmejorar el acceso a la salud de los colombianos a cambio de lograr el ingreso de unos productos al mercado estadounidense.
Velásquez señaló que sería una pésima señal dejar que los medicamentos quedaran para definición en el último minuto, porque a diferencia de las mercancías, con la salud no se pueden pretender ningún tipo de intercambios. "No podemos llegar al final a negociar la apertura de mercados contra los derechos de los ciudadanos a la salud".
En cuanto a la solución de controversias, el texto redactado impide que Colombia aplique, por ejemplo, controles de precios a los medicamentos so pena de que el Estado quede expuesto a demandas millonarias de las multinacionales farmarcéuticas al no poder concretar sus expectativas de ganancias.
Bolivia intenta ingresar como negociador pleno y dejar de lado el estatus de observador. La delegación nacional, conformada por parlamentarios, empresarios privados y el equipo técnico gubernamental, está presidida por el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Díaz.
70% de los costarricenses quiere un referéndum
Por otro lado, una encuesta estatal realizada por la Universidad de Costa Rica (UCR), confirmó que siete de cada 10 costarricenses piden votar el Cafta con Estados Unidos. El 20% cree que debe ser el Congreso que defina la situación, mientras que 10% no respondió.
La encuesta también reveló que 86% de los entrevistados piensa que si se aprueba el acuerdo comercial habrá ganadores y perdedores, 10% dijo que todos ganan y un dos por ciento piensa que sólo habrá perdedores. Para 29,2% de los entrevistados el principal ganador con el TLC será la clase alta y para 27,5% serán los empresarios y exportadores. 23,8% de los encuestados expresó que los pobres serán los más perjudicados con el tratado, 22% manifestó que los agricultores y campesinos, mientras que 15,6% aseguró que los pequeños y medianos empresarios.
Además, 47% de los consultados piensa que el TLC es bueno, pues a su juicio, traería ventajas como más empleos y mercados para las exportaciones, crecimiento económico, inversión y mayor competitividad. Sin embargo, 25% aseguró que el TLC es malo para el país y 18% "regular" debido, entre otras razones, a que tendrá un impacto negativo sobre los agricultores y pequeños empresarios y porque se abrirá el mercado de las telecomunicaciones.
Con datos de El Universo de Ecuador, Portafolio y La República de Colombia y Prensa Libre de Costa Rica.