La prioridad de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Japón y Canadá en la VI Cumbre de la OMC que se realiza en Hong Kong es lograr la apertura de los mercados del Sur para sus productos industriales y servicios. Para ello propusieron un documento sobre servicios, anexo al proyecto de declaración final, que ha provocado la protesta de la mayoría de los países subdesarrollados y de varias ONGs que trabajan en los países pobres.
El denominado Anexo C no fue aprobado por los 149 Estados miembros de la OMC en las reuniones preparatorias y carece de consenso. Este documento plantea la liberalización de los servicios.
Un texto alternativo, presentado por el Grupo de los 90, integrado por Africa, El Caribe y Pacífico, la Unión Africana y los países menos avanzados (PMA), plantea mantener la política nacional para desarrollar los servicios y tener flexibilidad para liberar paulatinamente el comercio. Otra propuesta plantea la eliminación del Anexo C.
Los países ricos incluyeron los servicios en la Ronda Uruguay con la promesa de que reducirían sus medidas proteccionistas en la agricultura, pero esa promesa no se ha cumplido. A pesar de ello, la UE exige a los países pobres que abran aún más sus mercados de bienes industriales y servicios. “Los países desarrollados, conducidos por la UE, han hecho propuestas inaceptables sobre servicios que cambiarían fundamentalmente la arquitectura del GATS, quitándole la flexibilidad y el espacio político que actualmente tienen los países en desarrollo. Éstas demandas europeas incluyen el “benchmarking” cualitativo, iniciativas sectoriales, y la participación obligatoria en negociaciones plurilaterales. Estos cambios conducirían a una situación en que los países en desarrollo serán cada vez menos capaces de elegir si liberalizar o no, en qué sectores liberalizar, en qué medida y cuándo. La viabilidad de las empresas locales de servicios será amenazada”, indican las ONGs críticas al liberalismo comercial inequitativo.
En las negociaciones NAMA (acuerdo sobre productos no agrícolas) se exige a los países en desarrollo que acepten la drástica “fórmula suiza” con un coeficiente bajo de 10 a 15, dando a entender que todas las tarifas caerán por debajo del 10%. Esto reducirá considerablemente las tarifas industriales de los países en desarrollo, amenazando la supervivencia de las industrias domésticas y las fuentes de trabajo de millones de personas. Asimismo, amenaza las perspectivas de desarrollo industrial doméstico en países en desarrollo.
Por si esto fuera poco, los países desarrollados ponen en circulación la idea de que los países en desarrollo se beneficiarán con un "paquete de desarrollo", aunque es poco probable que este paquete contenga ventajas reales ya que en realidad este paquete no incluye ayudas sino “préstamos”.
ONGs llaman a detener a los ricos
Varias organizaciones civiles manifestaron su preocupación por las posiciones de los principales países desarrollados en la conferencia ministerial de Hong Kong. “Nos indigna la forma en que los países desarrollados, particularmente los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), están intentando utilizar la reunión ministerial para llevar adelante agresivamente su agenda para abrir los mercados en los países en vías de desarrollo para los intereses de sus corporaciones”, indica un comunicado público firmado por varias organizaciones no gubernamentales.
Según las ONGs Third World Network, Africa Trade Network, Arab NGO Network for Development, Oxfam International, Consumers Association of Penang, Economic Justice Coalition, Mozambique, entre otras, los principales países desarrollados no están haciendo concesiones significativas mínimas para detener el “dumping” de sus productos agrícolas en países en vías de desarrollo ni ofrecen aumentar las importaciones de productos agrícolas provenientes de países pobres. “Esto sería un mal acuerdo para el desarrollo y la ausencia de acuerdo es mejor que un mal acuerdo”, indican estos organismos.
Las reglas de la OMC perpetúan un sistema de comercio injusto que favorece a los países ricos y sus corporaciones, haciendo que los países en vías de desarrollo se expongan a cada vez más presiones de liberalizar cuando sus granjeros y empresas no están en posición de competir en la economía global. Esto es porque las reglas son injustas, y porque las firmas locales son demasiado débiles hacer frente al impacto de firmas extranjeras gigantes, indica el conglomerado de ONGs.
Los resultados de este sistema de comercio injusto incluyen la pérdida del sustento y los ingresos de granjeros pequeños, la pérdida de trabajos debido a la desindustrialización en muchos países, obstáculos constantes para el acceso a los mercados en países ricos y la reducción constante de los precios de la materia prima, con la pobreza que todo esto acarrea. Se ven particularmente afectadas las mujeres en comunidades agrícolas y urbanas en los países en vías de desarrollo.
Las propuestas de reducción de aranceles agrícolas de Estados Unidos, la UE y otros países desarrollados son sumamente inadecuadas y a menos que mejoren significativamente, habrá pocos recortes en la ayuda doméstica en estos países. Mientras que los países desarrollados se niegan obstinadamente a negociar el dumping o finalizar los subsidios, los países en vías de desarrollo son presionados para reducir drásticamente sus propias tarifas agrícolas, exponiendo a sus granjeros pequeños a una competición injusta con importaciones artificialmente abaratadas.
Las ONGs exigen a los países desarrollados que dejen de presionar a los países en desarrollo para que liberalicen aún más su sector agrícola, sus bienes industriales y servicios, y les permitan tomar medidas necesarias para proteger sus empresas y granjas domésticas.
Al mismo tiempo, los ricos deben aumentar sustancialmente sus ofertas en agricultura, comprometiéndose a eliminar los distorsionantes subsidios domésticos y a imponer sanciones serias a los subsidios “verdes” (Green Box), para que de esa manera disminuya realmente la ayuda doméstica total. En este caso, los ricos debieran poner fin a todas las exportaciones subsidiadas hasta el 1º de enero de 2010 y suspender los subsidios a la exportación de algodón antes de 2006.
Por otro lado, las ONG reclaman el retiro de metas numéricas y “benchmarking” en servicios y el Anexo C en servicios, especialmente su cláusula sobre la participación obligatoria en negociaciones plurilaterales, así como sus cláusulas sobre las negociaciones modales y sectoriales y el acuerdo marco sobre compras estatales.
Los países en desarrollo deben gozar de flexibilidad para elegir en qué medida liberalizar su sector industrial. Se deben incluir provisiones genuinas y eficaces de tratamiento especial y diferenciado en las negociaciones en agricultura, NAMA y servicios.
Si se fracasa en Hong Kong será porque los países desarrollados demuestran no tener la voluntad de cumplir con las demandas enunciadas. Serán estos países los responsables del fracaso de la OMC para realizar los cambios necesarios en el desigual sistema mundial de comercio.
Hasta el momento, la reunión de la OMC sirvió para demostrar una vez más la inflexibilidad de los países desarrollados. En opinión de algunos delegados, se vislumbran dos posibles salidas.Una de ellas consistiría en que los desarrollados sigan presionando y esgrimiendo los supuestos beneficios de las propuestas del Anexo C. La otra opción consiste en considerar incompleta la actual negociación y proponer continuarla después de concluida la conferencia de Hong Kong.