También, empresas han presentado demandas contra los países de América Latina bajo reglas similares encontrados en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que países en desarrollo han firmado con países desarrollados.

El informe considera los 37 casos TBI pendiente ahora contra Argentina, la mayoría de los cuales lanzados por las nuevamente privatizadas empresas de servicios públicos en respuesta a las medidas de emergencia-como la congelación de tasas en tales servicios-que el país debió tomar para enfrentar la crisis financiera.

Aunque no han sido laudados, estos casos amenazan con sacarle una tajada grande a la recuperación económica argentina. En 2004, la empresa estadounidense Occidental Petroleum aprovechó del TBI EE.UU.-Ecuador para impugnar la cancelación de los reintegros de los impuestos al valor agregado (IVA) que decretó el gobierno ecuatoriano.

El panel del TBI fijó el monto que deberá pagarle Ecuador a Occidental en US$ 71 millones más intereses, que demuestra la gran y peligrosa responsabilidad financiera que tiene que asumir los países bajo estas reglas de protección para inversionistas.

Si las mismas provisiones TBI están implementadas como parte del TLC Andino, el gobierno estadounidense tendrá un poder fortalecido de obligar los gobiernos Andinos a pagar las empresas estadounidenses. Aún más, en el TLC Andino, los EE.UU. ha presionado para que estas provisiones se implementarían con retroactividad, aplicándose a leyes o actos administrativos ya en vigencia en los países Andinos.

"Estas provisiones de protección a inversionistas al estilo NAFTA en el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica (TLCAN o CAFTA, por sus siglos in inglés), el TLC Andino y los TBI están erosionando el proceso democrático. Mientras el Presidente Bush habla del doctrino nuevo de promover la democracia agresivamente, de hecho sus Tratados de Libre Comercio están exportando los peores valores anti-democráticos al mundo," dijo Lori Wallach, directora del Observatorio de Comercio Global, abogada de la Universidad de Harvard, y autora del informe.

El informe describe como los inversionistas corporativos han usado el sistema inversionista-Estado para desafiar decisiones legales de tribunales domésticos, políticas ambientales locales y estatales, contratos municipales, políticas de impuestos, regulaciones federales para sustancias controladas, políticas locales y nacionales contra juegos, el fracaso presunto del gobierno de proporcionar derechos de agua, hasta la provisión de servicios postales públicos.

En la mayoría de los casos el aspirante busca millones de dólares en daños y perjuicios, reclamando que las medidas reguladores y acciones gubernamentales han afectado sus ganancias negativamente. Si un inversionista prevalece en su demanda de NAFTA, la nación tiene que compensar la empresa con el tesoro nacional. Entre los 42 casos detallados en este informe están:

* El desafío por una empresa estadounidense, el "Metalclad Insulation Corporation," contra el rechazo de una municipalidad mexicana de conceder un permiso para construir una escombrera para residuos tóxicos. El caso fue decidido a favor del Metalclad, resultando en una indemnización de $15.6 millones.

* Una regulación en el estado de California que requiere que las minas agotadas ser rellenadas con tierra ha sido desafiado por una empresa minera canadiense, que quiere establecer una mina gigante de oro cianuro en el Valle Imperio, California, donde hay lugares sagrados para la Nación Indígena Quechan. Es el primer caso bajo el NAFTA en que una ley de un estado de los EE.UU, cuya intención fue, en parte, la protección de los intereses culturales de los pueblos indígenas, ha sido desafiado como una violación del NAFTA.

* El "United Postal Service" (UPS), una corporación multinacional del correo, está buscando una indemnización de US $160 millones porque cree que el gobierno de Canadá, que tiene control sobre el reparto de paquetes, socava sus ganancias posibles en el país.

* Prohibiciones o reducciones de residuos tóxicos han sido desafiados tres veces. Un desafío contra una reducción canadiense de algunos usos de la pesticida lidane fue iniciado por una empresa estadounidense. La prohibición propuesta por Canadá del aditivo MMT fue desafiado, pero antes de que el caso concluyó, Canadá cambió la política y pagó US$ 13 millones a una empresa estadounidense. La prohibición contra el aditivo de la gasolina MTBE también fue desafiado por una empresa canadiense.

"Mientras legisladores en los países andinos deciden si quieren que sus países estén sujetos a estas reglas bajo el AFTA, tienen que tomar en cuenta que estos casos del NAFTA demuestran que hay un peligro, cada vez más grave, para los gobiernos democráticos y para la soberanía de naciones. Las políticas locales y estaduales, y aun las decisiones legales de las cortes, están atacadas por estas protecciones extremas para inversionistas que el TLC Andino implementaría," dijo David Edeli, un analista de política para el Observatorio de Comercio Global.

"Por ejemplo, la extensión de provisiones en el TLC Andino, como las en los tratados bilaterales argentinos, podría significar que los gobiernos andinos ya no pueden limitar tasas injustificadas cobrado por empresas privatizadas para los servicios públicos."

El informe analiza las implicaciones de los cambios superficiales a las provisiones de protección para inversionistas extranjeros bajo el CAFTA.

Mientras las provisiones de inversión del Capítulo 10 del CAFTA incluyen algunos cambios pequeños a la protección al inversionista bajo el NAFTA, aparte de eso las provisiones del CAFTA y el texto paralelo del AFTA extenderían el sistema de nuevos privilegios para inversionistas operando en Centroamérica y América del Sur.

Incluida en estos derechos es el derecho de demandar compensación cuando las políticas para protección ambiental y para salud pública - aun cuando se aplican igualmente a empresas domésticas y extranjeras - puede reducir las ganancias de una empresa extranjera.

A diferencia del NAFTA, CAFTA incluye provisiones que permiten los desafíos de los inversionistas extranjeros contra contractos gubernamentales, y contra acuerdos con inversionistas extranjeros con respecto a los recursos naturales bajo el control de los gobiernos, como por ejemplo la minería o las operaciones de madera en tierra pública y actividades en las aguas de la costa. Mientras el texto propuesto para el TLC Andino es confidencial, se espera que los mismos cambios serán implementados aquí también.

Dice Wallach, "En vez de cambiar las absurdas reglas para inversionistas extranjeros del NAFTA, que otorgan derechos mayores a empresas extranjeras que a las empresas nacionales, CAFTA y AFTA extienden el modelo del NAFTA para la inversión, un modelo que ya consideramos una amenaza grave para las leyes más básicas de la salud y la seguridad del medio ambiente, y aun para la soberanía de nuestros gobiernos."

"No solamente resultaría en nuevos ataques contra las leyes de los Estados Unidos, pero ahora empresas grandes de los Estados Unidos van a tener otro método para obligar a los países de América Central y América del Sur que hacen lo que quiera. Dado que sabemos que estos ataques son graves, es horrible pensar en los efectos que solamente uno o dos casos podrían tener en los Presupuestos Generales del Estado de los países andinos."