Mientras los burócratas de Estados Unidos se quejan de la expulsión de uno de los embajadores más incompetentes en la región, los presidentes de Latino América se reunieron en Chile este lunes para encontrar una respuesta significativa a la crisis de Bolivia – a la que algunos se refieren como el mayor ataque a la democracia Latino Americana desde que los Estados Unidos impulsó el golpe de Estado a la presidencia de Salvador Allende, hace 35 años.
En el mismo día del asesinato de Allende, al menos 30 personas fueron asesinadas y alrededor de otras 100 fueron heridas en una agresión, el jueves 11 de septiembre pasado, cuando paramilitares junto al Comité Cívico, que se cree que han sido entrenados y financiados por el Prefecto del Estado boliviano de Pando, Leopoldo Fernández, atacó a un grupo pacífico de campesinos que se dirigían hacia una Asamblea en la localidad del Porvenir.
De acuerdo a testigos del ataque, que ocurrió a las 3 de la madrugada cerca del pueblo de Tres Barracas, las victimas, que no portaban armas, fueron acribilladas por atacantes ocultos en las copas de los árboles, los cuales luego persiguieron a sus victimas a pie. Un total de 17 muertos han sido confirmados, pero las autoridades locales esperan que la cifra ascienda a 30. Entre las victimas había mujeres y niños. Algunos de los heridos fueron perseguidos cerca del hospital, donde fueron rematados. Otros escaparon al monte cercano o cruzaron la frontera con Brasil, pero están en peligro debido a la falta de atención médica o al riesgo de nuevos ataques.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuyos miembros han liderado la campaña para bloquear el proyecto brasilero de construir las represas hidroeléctricas Madeira (San Antonio y Jirau), las que impactan en territorio boliviano, denunciaron la desaparición de más de 50 miembros y 26 heridos por armas de fuego. Muchas personas más aún no aparecen.
Alrededor de 15 personas fueron capturadas por los atacantes y llevadas a la policía como si fueran criminales. Al menos 40 empleados armados del Prefecto Fernández retuvieron a estas 15 personas como rehenes antes de fugarse en anticipación a las fuerzas de seguridad bolivianas.
Por más de un día luego de los primeros reportes sobre los ataques, ni el gobierno boliviano, ni la Cruz Roja, fueron capaces de responder a la emergencia. Finalizando el viernes, el gobierno declaró el estado de sitio y envió fuerzas para asegurara Cobija, la cuidad capital. Dos personas resultaron muertas en la pacificación gubernamental del aeropuerto. Ha sido reportado que la municipalidad de Filadelfia fue quemada por atacantes el domingo.
El gobierno anunció la detencion del Prefecto Fernández el miercoles como el autor intelectual de la masacre de Tres Barracas.
Inequidad en la distribución de la tierra – El telón de fondo de la crisis política.
Un comunicado de prensa emitido el viernes por parte de Amnistía Internacional afirmó que “la escalada de violencia en los últimos días en el área conocida como la “media luna”, constituida por los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando, dan una seria razón para preocuparse por la situación de los derechos humanos en el país. La violencia ha brotado en las diversas etapas del proceso de reforma constitucional que comenzó en el 2005, desde que las sensibilidades regionales sobre el asunto de la autonomía han llevado a una polarización en las respuestas. La discriminación y el racismo contra la población nativa de Bolivia han sido un rasgo subyacente en estas tensiones.
La masacre de Tres Barracas es la más reciente en una larga sucesión de provocaciones violentas llevadas a cabo por bandas organizadas de jóvenes en junto con los gobernadores de los departamentos de la “media luna” y otros líderes opositores que se han enfrentado al gobierno de MAS a pesar de el reciente referéndum que aprobó al actual gobierno con el 67% de los votos. Los recientes hechos de violencia incluyen el sabotaje de los oleoductos de gas natural, el destrozo de oficinas gubernamentales y amenazas de cortar las exportaciones de gas natural a los vecinos Brasil y Argentina.
Grupos de vigilantes en Santa Cruz, incluyendo la Unión Civil Cruceñista, han tenido como objetivo agencias de medios de comunicación y ONGs, en particular aquellas que trabajan con comunidades nativas en defensa de sus derechos humanos. Una ONG, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), ha sido objeto de 15 ataques en los últimos 5 años, culminando con el asalto de sus oficinas el pasado 9 de septiembre que dejó a varios miembros heridos. Otra ONG, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), fue atacada y sus miembros fueron golpeados. Ambas organizaciones están al frente del plan gubernamental para redistribuir tierras.
Oficiales del gobierno estiman el 60 o 70% de la tierra potencialmente productiva en el este del país son controladas por unos pocos miles de grandes hacendados, mientras que solo el 5 a 10% de la tierra cultivable está en manos de cientos de miles de campesinos, en su mayoría granjeros indígenas. La nueva propuesta de Constitución para la cual las elecciones están planeadas para principios de diciembre, establece límites en la tenencia de tierra entre las 5.000 a 10.000 hectáreas.
Leopoldo Fernández se ha enriquecido siendo cliente de los mayores hacendados de Bolivia y al mismo tiempo haciendo muy poco para reducir la pobreza en la provincia, a pesar de haber crecido hasta convertirse en uno de los políticos más destacados desde la dictadura de Hugo Banzer. Fernández fue un oficial en la dictadura de Banzer (1971-78), y García-Meza (1980-81) bajo la cual se cree que adquirió tierras ilegalmente. Más tarde, sirvió como la cabeza del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Pando, así como Parlamentario, Ministro de Gobierno y Prefecto bajo el gobierno de Hugo Banzar-Jorge Quiroga (1997-2002). Sus negocios incluyen plantaciones de nueces brasileras y la cría de ganado, contando con un patrimonio declarado de $US 1,4 millones (Ver: Leopoldo Fernández, el "carnicero de Porvenir").
Descendiente de los administradores del caucho que esclavizaron la población nativa del Amazonas boliviano desde el siglo 19, Fernández está asociado estrechamente con algunos de los más grandes madereros y aserraderos que operan en el Amazonas (Brasilera y Boliviana), incluyendo varios de las más grandes familias terratenientes: Sonnenschein (21.773 hectáreas), Hecker (12.498 ha), Vaca Roca (1,000 ha), Vargas Rivera (4.890 ha), Peñaranda (4.167 ha), Barbery Paz (14.820), todas las cuales recibieron tierras durante la última reforma agraria. (La Prensa, 12.3.07).
La ex Ministra de Gobierno, Alicia Muños, denunció que Fernández entrenaba paramilitares ya en el 2006. Luego de que el Senador Abraham Cuellar del UN votó positivamente para apoyar la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, Fernández envió matones que quemaron su casa.
Pando - Una Fachada del Movimiento Autonómico
Los distintos medios han presentado la masacre de Tres Barracas como un episodio de confrontaciones armadas de “ojo por ojo, diente por diente” dentro de una construcción narrativa más abarcativa en la que se le da igual peso de responsabilidad por la espiral de violencia, tanto al MAS como a la media luna. Esto no es solo falso, sino que más importante, es que esto es un componente estratégico del patrón de cobertura de la prensa tradicional en Bolivia que presenta a Bolivia como “un país igualmente dividido”. De hecho, el reciente referendo presidencial probó que el Presidente Evo Morales goza de un apoyo popular en seis de los nieve departamentos y ganó las mayoría de los votos en 95 de los 112 distritos electorales que conforman el país. Dos de cada tres bolivianos votaron por él, para que continúe como su presidente. El apoyo a la autonomía o movimiento separatista está limitado a partes de la ciudad de Santa Cruz, Tarija, Sucre y Trinidad y a pequeños segmentos rurales de esos departamentos.
Al haberse destapando progresivamente la distorsionada percepción de legitimidad conferida a las proclamas de autonomía, previa a su desastrosa actuación en la votación del 10 de Agosto pasado, los prefectos han intentado fomentar provocaciones en forma de turbas violentas contra la policía, organizaciones asociadas con el gobierno e instituciones públicas. El objetivo es gatillar una respuesta violenta por parte del gobierno para crear miedo y simpatía por las aparentes víctimas. Los líderes de la media luna han hecho frecuentes esfuerzos para hacer un paralelo con los 60 muertos en El Alto (Octubre 2003) perpetrado por Sánchez de Lozada, pero con escasos resultados.
La hipocresía de la estrategia de la media luna expuesta por la masacre de Tres Barracas no solo era inevitable, pero en estos momentos, tapar los hechos es el principal objetivo de la prensa tradicional boliviana. En este punto hay que considerar la fragilidad de la situación política de Pando luego del referéndum de agosto. De los meros 26.400 personas que votaron el 10 de Agosto en Pando (comparados con el millón que votaron el La Paz solamente), Fernández ganó con el 56,2%, contra el más bien débil 48% obtenido en el 2005. Sin embargo, el 52,5% de los votantes de Pando aprobaron la presidencia de Evo Morales, contra el mero 21% recibido en el 2005. El formidable momento de Pando (con 30% más del total de votos) predice que los días de Fernández están contados. Similares, aunque menores relativamente fueron las ganancias de Morales en otros departamentos opositores.
Branco Marinkovic, el presidente del comité Pro-Santa Cruz, ha sido el único líder de la media luna que ha defendido públicamente a Fernández. La defensa de Fernández por parte de Marinkovic es entendible si uno observa el conflicto en Pando y las mayoría de las provincias separatistas, donde los conflictos de raíz son por las tierras, en parte porque muchos políticos de élite de las tierras bajas, como Marinkovic y Fernández, se han beneficiado aparentemente con donaciones de tierras hechas de manera corrupta y compras de tierras fraudulentas. Marinkovic es un empresario descendiente de croatas, dueño de la fábrica más grande de aceite de cocina y director del Banco Económico. Marinkovic ha reclamado parcelas de tierra totalizando 27.000 hectáreas dentro del territorio indígena del pueblo de Gurayo. El gobierno dice que esa tierra fue comprada en una transacción ilegal y hasta hace poco Marinkovic solo sembró unos cientos de hectáreas y crió 40 cabezas de ganado adulto. Marinkovic y otros terratenientes de elite de Santa Cruz han usado repetidamente la violencia para bloquear los esfuerzos gubernamentales para evaluar el uso productivo y social de los grandes holdings para determinar si esas tierras deben ser redistribuidas como lo requiere la ley.
Las Reacciones Políticas Resaltan la Brecha entre el Norte y el Sur
El gobierno boliviano llamó al diálogo, pero hasta que no ocurrieron los asombrosamente violentos actos perpetrados por los paramilitares de Pando, los líderes de la media luna han huido a las negociaciones. La tensión en Bolivia se exacerbó esta semana, cuando Bolivia expulsó al embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, luego de acusarlo de contribuir a la división del país. “No queremos gente que son separatistas, que fomentan las divisiones, que conspiran contra la unidad” dijo Morales refiriéndose a Goldberg. Goldberg ha demostrado una consistente falta de competencia como diplomático, provocando al gobierno de Morales frecuentemente con reuniones abiertas con los prefectos opositores quienes presidían sobre los violentos ataques a las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Goldberg fue informado de su estatus de persona non grata y obligado a irse del país. En represaría, el embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, fue también expulsado.
Venezuela también expulsó al embajador estadounidense y el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, pospuso la recepción de las credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos es ese país para mostrar solidaridad con Bolivia. “Creemos que…en defensa de los principios de solidaridad de los países, debemos ser solidarios con los problemas que vive Bolivia y ser una voz de protesta frente a las naciones del mundo” dijo Zelaya en una conferencia de prensa.
En declaraciones hechas por representantes del congreso de Estados Unidos, Dan Burton y Elliot Engels, se criticó severamente al gobierno Boliviano por la expulsión del Embajador Goldberg, pero pasó por alto los actos provocativos por parte de Goldberg, que fueron ampliamente percibidos y asociados como un apoyo a los líderes de la media luna. Es poco claro si Goldberg conspiró con las acciones desestabilizadoras. Sin embrago, las reacciones incendiarias provocadas por su obvia falta de sensibilidad diplomática durante la larga sucesión de reuniones unilaterales con los oficiales opositores, es probablemente razón suficiente para que el gobierno tomara esa decisión. En apoyo al gobierno los movimientos sociales han demandado una línea más dura por parte del gobierno, pidiendo la renuncia y el inicio de un proceso judicial de Fernández así como una fecha límite para negociar con los líderes opositores.
El sábado, la campaña de Obama lanzó el siguiente comunicado que ignora la masacre y refleja la falta de información respecto a la crisis en Bolivia: “El Senador Obama está muy preocupado por la decisión del Presidente Evo Morales de expulsar el embajador norteamericano Phillip Goldberg. El Senador Obama cree que Bolivia debe resolver sus tensiones internas a través del diálogo, no tratando de culpar a foráneos o recurriendo a la violencia. Obama alienta al Presidente Morales a reconsiderar su actual dirección por el bien de Bolivia, su gente, y su futura relación con los Estados Unidos” dijo la vocera de seguridad nacional, Wendy Morigi.
En contraste con las un poco obtusas declaraciones de los oficiales de Estados Unidos, los gobiernos regionales como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela, la Comunidad Andina, y el MERCOSUR han condenado conjuntamente la violencia, y subrayaron el rol provocativo de los prefectos de la media luna. UNASUR se congregará en una reunión de emergencia el lunes para discutir la crisis y como es la mejor manera de brindarle apoyo al gobierno de Morales.
Sin embargo, más allá de los gestos retóricos de apoyo, UNASUR tal vez enfrenta su primera gran prueba como un deliberado espacio alternativo para tratar las raíces del los desafíos de Sud América que largamente giran alrededor de los privilegios de las elites económicas. Este crisis destaca aun mas el contraste entre las estrategias diplomaticas y desarrollo de Brasil y Venezuela relativa a los Estados Unidos, además en terminos de los reclamos para el cambio de la población Latinoamericana. Luego de meses de gozar de una cobertura informativa positiva y sobre un firme anuncio de crecimiento económico, el presidente Lula da Silva se verá nuevamente enredado en la más complicada amenaza interna y externa a la soberanía de Bolivia, (y el crecimiento del poder regional del Brasil).
Indicativo de la contradicción interna, el gobierno de Brasil en particular, han dado respuestas mixtas a la crisis. El Centro para la Democracia, con base en Cochabamba, hace notar que el diario brasilero, Correio Braziliense, publicó un reporte en donde se informa que el gobierno brasilero está preparando un plan de evacuación de sus ciudadanos en las regiones convulsionadas de Bolivia. El gobierno brasilero también ha llamado a sus ciudadanos que están visitando Bolivia como turistas a dejar el país y a los que están planeando hacerlo, suspender su visita. Muchas personas en las tierras bajas de Bolivia asocian Brasil con la impunidad ejercida por las autoridades provinciales debido a la extendida presencia de hacendados y madereros brasileros. El gobierno reportó que dentro de los asesinos se incluía a brasileros asociados a organizaciones traficantes criminales brasileras que han escapado a ese país.
El viernes una declaración del Ministro de Relaciones Exteriores brasilero, Celso Amorim, sugirió que si las exportaciones de gas hacia Brasil no eran estabilizadas (el país depende de Bolivia por el 50% de sus importaciones de gas natural), el gobierno se vería forzado a negociar con los prefectos de la media luna. El Ministro de Energía, Edison Lobao, argumentó que la inestabilidad en Bolivia era más que un pretexto para construir 50 plantas nucleares en el futuro. Como estos argumentos hechos por altos oficiales del gobierno prestaron apoyo a un aliado que está pasando apuros no está del todo claro.
Según se informa, Fernández, aliado con los intereses ilícitos de brasileros, representa el mejor retrato de las erradas formas de integración, que las iniciativas como IIRSA, solo las han consolidado, más que remplazado. Luego de ocho años de construcción de carreteras para tanto promover la integración regional como para promover el desarrollo de las poblaciones aisladas, la masacre de Tres Barracas solo difunde la falla de IIRSA para tratar los obstáculos reales del desarrollo en una frontera de regiones sin ley, donde los caudillos como Leopoldo Fernández y una pobre presencia gubernamental conspiran para perpetuar los enclaves de la pobreza y la injusticia. Uno se pregunta si las nuevas carreteras en construcción en Pando financiadas por el BID y la CAF, y planeadas para conectar la región con mercados distantes (Corredor Norte) van a desbaratar o continuar esta tendencia perversa.
Bolivia continua representando una prueba para la orientación de Latino América, tanto para Estados Unidos como para UNASUR.
Massacre of 30 campesinos by "civicos" in Pando, Bolivia
In the worst violent act in the history of Bolivia's democracy, a campaign by opposition Prefects in Bolivia seeking to destabilize the MAS government, took the lives of as many as 30 people, and wounded dozens more, in the Amazonian province of Pando. Most regional governments expressed condemnation, while the United States remained silent.As United States officials complain about the expulsion of one of more incompetent ambassadors in the region, Latin American presidents are meeting in Chile on Monday to find a more meaningful response to the crisis in Bolivia -- what some are now referring to as the most significant attack on democracy in the region since the U.S. sponsored coup of Salvador Allende 35 years ago.
On Sept 11, the anniversary of Allende's murder, at least 30 people were killed and as many as 100 were injured, when paramilitaries with the Civic Committee attacked a peaceful gathering of farmers on their way to an Assembly in the town of Porvenir. The attackers were reportedly trained and financed by the Prefect of the Bolivian department of Pando, Leopoldo Fernandez.
According to witnesses, which occurred at 3:00 am near the town of Tres Barracas, the unarmed victims were gunned down by machine gun fire from attackers perched in trees, who then pursued victims on foot. A total of 17 deaths, among them women and children, have been confirmed, but local authorities expect the toll to rise above 30. Some of the wounded were pursued to a nearby hospital, where they were subsequently killed. Others escaped into the nearby forest or crossed into Brazil, but are in danger due to lack of medical attention or continued attacks.
The Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, whose organizational members have led the campaign to block the Brazilian Madeira hydroelectric dams (San Antonio and Jirau) from impacting Bolivian territory, denounced the disappearance of more than 50 members and 26 wounded by gunfire. Many other people are unaccounted for.
Some 15 persons were captured by the attackers and turned over to the police in Cobija as if they were the criminals. At least 40 armed employees of Prefect Fernandez held the 15 as hostages before fleeing in anticipation of the Bolivian security forces.
For over a day after the attacks were first reported, neither the Bolivian government nor the Red Cross was able to respond to the emergency. Late Friday evening, the government declared a state of siege and sent forces to secure the capital city of Cobija. Two people were killed in the government's pacification of the airport. The municipality of Filadelfia was reportedly burned by assailants on Sunday.
The government announced that judicial processes were underway to detain Prefect Fernandez as the intellectual author of the Tres Barracas massacre, although his whereabouts were not known.
Land inequality: Backdrop to the political crisis
A press statement released Friday by Amnesty International stated, “the escalation of violence in the area known as the half moon (“media luna”) departments of Santa Cruz, Tarija, Chiquisaca, Beni and Pando over recent days gives serious cause for concern for the situation of human rights in the country. Violence has flared up at several stages of a process to reform the constitution that began in 2006, as regional sensibilities around the issue of autonomy have led to polarization in responses. Discrimination and racism against the indigenous population of Bolivia has been an underlying feature of these tensions."
The Tres Barracas massacre is the latest in a long string of violent provocations carried out by organized youth gangs in conjunction with the “media luna” departmental governors and other opposition leaders from the departments that have opposed the MAS government despite a recent referendum that endorsed the ruling party with 67% of the vote. Recent violence includes sabotage of a natural gas pipeline, vandalizing government offices, and threats to cut off natural gas exports to neighboring Brazil and Argentina.
Groups of vigilantes in Santa Cruz, including the Union Juvenil Crucenista, have targeted media outlets and NGOs, in particular those working with indigenous communities in defense of their human rights. One NGO, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), has been the subject of 15 attacks over the past five years, culminating with the storming of their office on 9 September, leaving many wounded. Another, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), was attacked and the organization’s members were beaten. Both organizations are at the forefront of the government's land redistribution program.
Government officials estimate that a few thousand large landholders control at least 60-70% of the potentially productive land in the east, while only 5-10% of the agricultural land is in the hands of hundreds of thousands of largely indigenous farmers. The new proposed Constitution for which elections are planned in early December, sets limits on landholdings at either 5,000 or 10,000 hectares.
Leopoldo Fernandez has enriched himself as a client of Bolivia's largest landholders, at the same time doing very little to reduce poverty in the province despite rising to become one of Pando's most senior politicians since the dictatorship of Hugo Banzer. Fernandez was an official with the dictatorship of Banzer (1971-78), and Garcia-Meza (1980-81) under whom it is believed that Fernandez acquired land illegally. He later served as the head of the national land reform agency (INRA) in Pando, as well as Parliamentarian, Minister of Goverment and Prefect under the government of Hugo Banzar-Jorge Quiroga (1997-2002). His businesses include Brazil nut and cattle production, with a declared wealth of over $US 1.4 million. (see Fernandez: Butcher of Porvenir).
Descendant of the rubber bosses that enslaved the indigenous population of the Bolivian Amazon since the 19th century, Fernandez is closely associated with some of the largest loggers and sawmill operators in the Amazon (Brazilian and Bolivian), including several of the largest landowning families: Sonnenschein (21.773 hectáreas), Hecker (12.498 ha), Vaca Roca (1,000 ha), Vargas Rivera (4.890 ha), Peñaranda (4.167 ha), Barbery Paz (14.820), all of whom received land during the Agrarian Reform. (La Prensa, 12.3.07).
Former Minister of Government, Alicia Muñoz, denounced Fernandez' training of paramilitaries in Cobija in 2006. After UN Senator Abraham Cuellar voted to support the President's Land Reform bill (Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria), Fernandez sent thugs to burn down Cuellar's house.
Pando: Facade of the Autonomy Movement
The media has presented the Tres Barracas massacre as an episode of "tit for tat" armed confrontations within a larger constructed narrative that places equal blame for the spiral of violence on both the MAS and the media luna. This is not only false, but more importantly a strategic component of a pattern of mainstream media coverage in Bolivia that presents Bolivia as "a country equally divided". In fact, the recent referendum proved that President Evo Morales enjoys popular support in six of the nine departments and won a majority of the votes in 95 of the 112 electoral districts that make up the country. Two out of every three Bolivians voted for him to continue as their President. The autonomy or separatist movement support is limited to parts of the cities of Santa Cruz, Tarija, Sucre and Trinidad and small rural segments of those same departments.
Increasingly stripped of the perception of legitimacy conferred to claims of autonomy prior to the disastrous vote on Aug. 10, the Prefects have attempted to foment provocations in the form of mob violence against the police, organizations associated with the government, and public institutions. The objective is to trigger a violent government response to create fear and sympathy for the apparent victims. Efforts by media luna leaders to draw parallels to the 60 deaths in El Alto (Oct 2003) perpetrated by Sanchez de Lozada have been frequent but ungrounded.
The hypocrisy of the media luna strategy exposed by the Tres Barracas massacre was not only inevitable, but now the cover up has become the primary cause of Bolivia's mainstream press. Consider the fragility of the political situation in Pando after the August referendum. Of the mere 26,400 people that voted in Pando (compared to 1 million in La Paz alone), Fernandez won 56.2% of the vote in the August 10 Referendum, up from the rather shaky 48% he received in 2005. However, 52.5% of Pando voters endorsed the Presidency of Evo Morales, up from a mere 21% in 2005. The tremendous momentum in Pando (over 30% increase in the share of the overall vote) predicts that Fernandez days are numbered. Similar, although relatively smaller gains were made by Morales in other opposition departments.
Branco Marinkovic, the president of the Comite Pro-Santa Cruz, has been the only leader of the media luna to publicly defend Fernandez. Marinkovic's defense of Fernandez is understandable if we see that the conflict in Pando and most of separatist provinces are at their root land conflicts, in part because so many of the lowland political elite, such as Marinkovic and Fernandez, appear to have benefited from corrupt land grants and fraudulent purchases of land.
Marinkovic is a businessman of Croatian descent, the owner of a major cooking oil factory, and a director of the Banco Económico. Marinkovic has claimed parcels of land totaling 27,000 hectares within the indigenous territory of the Guarayo people. The government says that the land was purchased in an illegal transaction and that until recently Marinkovic only farmed a few hundred hectares and grazed 40 head of adult cattle. Marinkovic and other Santa Cruz landed elites have repeatedly used violence to block government efforts to assess the social and productive use of large holdings to in turn determine if the lands should be redistributed as required under the law.
Political Reactions Highlight the Gap between North and South
The Bolivian government has called for dialogue, but until the astonishingly violent acts carried out by paramilitaries in Pando, the media luna leaders have shunned formal negotiations. The tension in Bolivia was exacerbated earlier this week, when Bolivia expelled U.S. Ambassador Philip Goldberg after accusing him of contributing to divisions in the country.
"We don't want people who are separatists, who foment divisions, who conspire against unity," President Morales said, referring to Goldberg.
Goldberg has demonstrated a consistent lack of competence as a diplomat, frequently provoking the Morales government, as with open meetings last week with opposition prefects that were presiding over violent attacks on public institutions and civil society organizations. Goldberg was informed of his "persona non grata" status and forced to leave. In retaliation, Bolivian Ambassador to the U.S., Gustavo Guzman, was also kicked out.
Venezuela also expelled its U.S. Ambassador and Honduran President Manuel Zelaya has postponed the reception of credentials of the new U.S. ambassador to show solidarity with Bolivia.
"We believe that ... in the defense of the principles of solidarity of countries, we should be supportive with Bolivia's current problem and present a protest voice to the nations of the world," Zelaya told a news conference.
Statements by U.S. Congressional Representatives Dan Burton and Elliot Engels have severely criticized the Bolivian government for the expulsion of Ambassador Goldberg, but overlooking his provocative acts that are widely perceived to be associated with support of media luna leaders. Whether Goldberg conspired with destabilizing actions is unclear. However, the incendiary reactions provoked by his obvious lack of diplomatic sensitivity during a long string of unilateral meetings with opposition officials is probably enough reason for the government's decision. Social movements in support of the government have demanded a harder line by the government, calling for the resignation and prosecution of Fernandez and a deadline for opposition leaders to negotiate.
In contrast to the somewhat obtuse statements from U.S. officials, regional governments such as Argentina, Brazil, Chile, Ecuador and Venezuela, the Community of Andean Nations and MERCOSUR have all condemned the violence, and underscored provocative role of the Media Luna Prefects. UNASUR will convene an emergency meeting for Monday to discuss the crisis and how best to support the Morales government.
However, beyond rhetorical gestures of support, UNASUR perhaps now faces its first true test as an alternative deliberative space for addressing the roots of South America's challenges that largely revolve around the privileges of economic elites. The crisis draws into sharper relief the contrast in diplomatic and development strategies of Brazil and Venezuela vis-a-vis the United States as well as the more ambitious calls for change from the region's population. After months of enjoying positive news coverage and on the heels of an announced increase in economic growth, President Lula da Silva will again be entangled in the more complicated internal and external threats to sovereignty of Bolivia (and the growing regional power of Brazil).
Indicative of these internal contradictions, the government of Brazil, in particular, has given mixed responses to the crisis. The Cochabamba based Democracy Center notes that a Brazilian newspaper, Correio Braziliense published a report that that the Brazilian government is preparing an evacuation plan for its citizens in the embattled regions of Bolivia. The Brazilian government has also called on its citizens visiting Bolivia as tourists to leave and for those planning to go to cancel their visits. Many in the Bolivan lowlands associate Brazil with the impunity exercised by provincial authorities due to the widespread presence of Brazilian landowners and loggers. The government reported that the assassins included Brazilians associated with criminal trafficking syndicates in Brazil and escaped to that country.
On Friday a statement by Brazilian Foreign Minister, Celso Amorim, suggested that if Bolivian gas exports were not stabilized to Brazil (a country that depends on Bolivia for 50% of gas imports), the government might be forced to negotiate with media luna prefects. Energy Ministry, Edison Lobao, argued that the instability in Bolivia was ever more a pretext for accelerating plans in Brazil to build 50 nuclear power plants in the future. How these statements by senior government officials lend support to a struggling ally is not at all clear.
Reportedly allied with Brazilian illicit economic interests, Fernandez represents a poster child for the wrong type of regional integration that initiatives such as Initiative for Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA) have only strengthened, rather than replaced. After eight years of road building to promote regional integration and in turn the development of isolated populations, the Tres Barracas massacre only punctuates the failure of IIRSA to address the real obstacles of development in lawless, frontier regions where caudillos such as Leopoldo Fernandez and weak government presence conspire to perpetuate enclaves of poverty and injustice. One wonders whether the new highways, financed by the Inter-American Development Bank (IDB) and Corporación Andina de Fomento (CAF), under construction in Pando and planned to link the region with distant markets (Corredor Norte) will derail or continue this perverse trend.
Bolivia continues to represent a test for the direction of Latin America for both the United States and UNASUR.