Las y los representantes de redes continentales y organizaciones sociales de 31 países que participaron en el VII Encuentro Hemisférico de lucha contra los Tratados de Libre Comercio y por la Integración de los Pueblos realizado en La Habana del 7 al 11 de abril respaldaron el siguiente pronunciamiento de apoyo al proceso de cambio en Bolivia.   more »

Firmes por la Paz

 

A todos los movimientos sociales (indígenas, sindicales, ecologistas, artesanos, profesionales, intelectuales y otros) del mundo demandamos la adhesión a esta declaración en solidaridad con nuestra patria que ha sido bombardeada por el gobierno de Colombia, con el apoyo de la administración norteamericana, en una clara agresión al pueblo ecuatoriano.  Este llamado a la solidaridad es para condenar esta política de muerte del Imperio.

 

Vientos guerreristas acechan nuestra patria y la región.  En la madrugada del pasado sábado 1 de marzo, fuerzas combinadas del ejército colombiano invadieron nuestro territorio por tierra y aire, para cometer una masacre en la que murieron 22 integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluyendo a Raúl Reyes, miembro del secretariado de esa organización.

 

Esta nueva incursión militar, sistemática y previamente planificada con asesoramiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha desbordado la secuela de atropellos y violaciones cometidos por el gobierno de Álvaro Uribe contra nuestra soberanía nacional e integridad territorial.

 

Con esta acción, la estrategia militarista seguida por el gobierno colombiano en el conflicto interno que dura más de 40 años, claramente busca cortocircuitar las acciones humanitarias impulsadas por el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, con el respaldo de la comunidad internacional, para la liberación de los secuestrados por las FARC, y la apertura hacia una solución política y pacifica del conflicto armado interno.

 

Es más, este acto de provocación no solo apunta a cerrar una eventual salida política, sino a una regionalización del conflicto interno y a un mayor intervencionismo militar tratando de imponer su política militar y económica, con los Alcas y TLCs, colocando así en riesgo la convivencia pacífica en la región.  Propósitos que han estado presentes en el diseño mismo del llamado “Plan Colombia”, que fue concebido para que Estados Unidos mantenga una plataforma militar regional.

 

Con la expansión del conflicto armado, el imperialismo aspira configurar un contexto propicio para la desestabilización del continente y el naufrágio de los procesos de integración regional, teniendo en la mira sobre todo los procesos de cambio que viven Venezuela, Ecuador, Bolivia  y otros países de nuestra América, que se han construido en las calles resistiendo y derrotando a las políticas neoliberales.

 

En los planes de Bush y Uribe no figura la construcción de la paz en Colombia, pero sí el escalonamiento de la guerra como eje de la nueva fase del “Plan Colombia” y la geoestrategia imperial.  Es por eso que el gobierno colombiano, tratando de justificar lo injustificable, pretende ampararse en la doctrina de la “guerra preventiva” inventada por Bush.

 

Como dice Fidel Castro, refiriéndose a este caso,  “a sangre fría nadie absolutamente tiene derecho a matar. Si aceptamos ese método imperial de guerra y barbarie, bombas yanquis dirigidas por satélites pueden caer sobre cualquier grupo de hombres y mujeres latinoamericanos, en el territorio de cualquier país, haya o no guerra. El hecho de que se produjera en tierra probadamente ecuatoriana es un agravante”.

 

Para que los vientos de paz se expandan en la región, convocamos a una movilización solidaria para parar las tenebrosas maquinaciones  del imperio y el gobierno títere de Uribe.  Y expresar el respaldo a la política soberana del gobierno ecuatoriano y venezolano y a sus pueblos.

 

Humberto Cholango

Presidente

Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) Adhesiones a: agenciaplurinacional@yahoo.com.

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI

 

Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Argentina

 

PRONUNCIAMIENTO

 

El gobierno aprista se mancha las manos de sangre para entregar nuestros recursos naturales

 

Las cuatro víctimas de la represión policial en el Paro Nacional Agrario del 18 y 19 de febrero, convocado y realizado por gremios campesinos y organizaciones indígenas como CONACAMI, CCP Y CNA, junto con la declaratoria del estado de emergencia y la orden de intervención a las fuerzas armadas, son una trágica prueba de la sistemática política de criminalización y militarización que desarrolla el Gobierno del doctor Alan García Pérez, que solo sabe responder con el agravio y la violencia a todas las demandas de la sociedad civil.

 

Lo hizo antes con la huelga de los maestros y con las movilizaciones regionales. Y en un intento por institucionalizar y legalizar su política de criminalización, ha construido un marco legal represivo y entreguista, del cual forman parte los once decretos legislativos de julio del año pasado, y los proyectos de ley destinados a brindar todas las facilidades a las empresas transnacionales para el saqueo de nuestros recursos naturales.

 

Entre los decretos legislativos de criminalización destacan dos particularmente graves: uno que otorga a los policías y militares "licencia para matar" en manifestaciones públicas, pues señala que no podrán ser procesados si lo hacen en ejercicio de sus funciones, mientras que sí pueden ser juzgados y condenados en el caso de torturas y maltrato físico a los detenidos. Y el otro, aquel que castiga con prisión efectiva a los alcaldes, regidores y presidentes regionales que participen en actos de protesta.

 

Esta criminalización es exigida por el proyecto económico neoliberal, no solo continuado sino también profundizado por el gobierno aprista, que nuevamente se mancha las manos de sangre en su afán por entregar nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales. Allí están, para probarlo, tres peligrosos proyectos de ley: el primero, que pretende expropiar territorios comunales; el segundo, llamado "ley de la selva", para concesionar el gas, el petróleo y los recursos forestales; y el tercero para otorgar las aguas a las compañías privadas, principalmente extranjeras.

 

Con este marco, toda acción de protesta de la sociedad civil en pleno ejercicio de sus derechos es calificada como antidemocrática, cuando se trata de todo lo contrario, de exigir el pleno respeto del Estado de Derecho. En el caso particular del Paro Nacional Agrario, la Plataforma, más que reclamos, resume la defensa de sus derechos vulnerados por el Estado.

 

Mientras tanto, el gobierno de García se llena la boca para hablar del crecimiento económico y los supuestos beneficios de los acuerdos comerciales firmados y en negociación, cuando es más que evidente que ni el uno ni los otros traen beneficio alguno a las comunidades indígenas y campesinas ni a los pequeños agricultores. Por el contrario, solo acrecientan las ganancias de las grandes empresas y ensanchan las brechas sociales al profundizar la pobreza y la exclusión.

Es en este contexto que la sociedad civil, a través del colectivo de organizaciones y movimientos sociales Enlazando Alternativas 3, está convocando a la Cumbre Social de los Pueblos, que se reunirá en Lima del 14 al 17 de mayo próximo, de manera paralela a la V Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, para construir una propuesta de integración desde y para los pueblos y presentar propuestas alternativas al modelo neoliberal y sus acuerdos comerciales.

 

Desde su convocatoria como espacio democrático de debate y construcción de propuestas, ese gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos, no ha hecho otra cosa que satanizar y agredir a la Cumbre Social de los Pueblos y a las organizaciones y movimientos sociales que la organizan. Es decir, persiste en su actitud de enfrentamiento, persecución y criminalización de la sociedad civil.

 

Lo anterior configura un espacio de militarización que pone en riesgo la realización de la Cumbre Social y la libertad y la vida de los dirigentes sociales que la convocan. El proceso de criminalización y entreguismo se profundiza y responsabilizamos directamente al gobierno de García Pérez por esta política represiva y entregusita, la cual no tendrá otra consecuencia que la de agudizar las protestas y los conflictos sociales

 

POR TODO ELLO, DEMANDAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, los organismos de derechos humanos y los gobiernos de Europa, América Latina y el Caribe, exigir al gobierno aprista que ponga alto a su enfrentamiento con la sociedad civil, respete los derechos humanos y los derechos colectivos de las comunidades campesinas e indígenas y de las organizaciones sociales en su conjunto, y junto con ello cese su política entreguista de los recursos naturales y de criminalización de las demandas, para empezar a cerrar las grandes brechas sociales que condenan a la pobreza y a la exclusión a nuestros pueblos y comunidades.

 

Lima, 21 de febrero de 2008.

 

 

Miguel Palacín Quispe

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI

 

Mario Palacios Panez

Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI Perú

 

Melchor Lima Hancco

Confederación Campesina del Perú, CCP

 

Antolín Huascar Flores

Confederación Nacional Agraria, CNA

 

 

 

Sao Paulo, 22 de febrero de 2008 Señor Alan García Presidente de La República Perú Señor Presidente: La Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y que en la región representa a más de 45 millones de trabajadores/as, expresa su profundo rechazo por la MUERTE DE LOS CINCO TRABAJADORES por la intervención policial durante la realización de una paralización nacional de los trabajadores agrarios. Hemos sido informados que estos CINCO COMPAÑEROS fueron victimas de la represión tácitamente ordenada a través de los denominados "decretos represivos" para prevenir los conflictos sociales. Dichos compañeros perdieron la vida por impacto de bala en el cráneo y su muerte se produjo en diferentes lugares del país. Señor Presidente: Las justas peticiones de los campesinos y productores agrarios han sido rechazadas por su gobierno, con la aplicación de la receta neoliberal, la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la ‘orgía’ de TLC que viene negociando con otras naciones. Denunciamos que el “Libre Comercio” impulsado por su gobierno es un modelo que solo busca beneficiar al capital extranjero multinacional en contra de los intereses del pueblo peruano, lo que ahondará las condiciones de pobreza, miseria y exclusión social de ese país. Nos unimos a las centrales sindicales de Perú y demandamos la solución de la plataforma agraria presentada por la CNA que exige entre sus principales puntos la definición de una Política Agraria y Protección del Agro Peruano frente al APC (TLC) con EEUU; por la vigencia de la actual Ley de Aguas Nº 17752; el saneamiento de las deudas Agrarias (aprobación de la ley PREDA Nº 1235-2006, con las modificaciones de las propuestas); la suspensión del remate de tierras por las entidades financieras y otros; plena vigencia de los derechos de las comunidades campesinas y nativas del Perú (no a la subasta pública de las tierras de la costa, sierra y selva); la implementación y funcionamiento inmediato del Banco Agropecuario; por un Plan Nacional para el Desarrollo Ganadero y un precio justo para la Leche Fresca y el algodón peruano. Exigimos la derogatoria de los "decretos represivos", que otorgan in imputabilidad a las fuerzas policiales, que pueden actuar deliberadamente contra las manifestaciones como ha ocurrido durante el Paro Agrario, QUITÁNDOLES LA VIDA A CINCO TRABAJADORES que demandaban justicia para ellos y sus familias. La forma en que fueron asesinados, demuestra que existe una decisión de las fuerzas del orden de reprimir, cueste lo que cueste, las justas protestas de la mayoría de la población del país que rechaza la política que implementa su gobierno. Atentamente, Víctor Báez Mosqueira Secretario General   more »

Igor Ojeda (Brasil de Fato / Minga Informativa).- El ejemplo de Bolivia debe ser llevado a todos los países de América Latina. La misión fue aceptada por representantes de organizaciones indígenas de varios países del continente durante el seminario “Pueblos Indígenas, Constituciones y Estados Plurinacionales”, realizado en La Paz, Bolivia, del 15 al 17 de enero.   more »