(Bolpress).- La transnacional Telecom Italia envió una carta al gobierno boliviano vía fax el 1 de mayo anunciándole la existencia de un conflicto con el Estado por la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). Telecom posee el 51 por ciento de acciones de la telefónica boliviana.
Amparados en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito por el Estado boliviano con Holanda, en vigencia desde 1994, los italianos reclaman la por la supuesta violación de sus derechos y piden una reunión para dialogar amigablemente en San Pablo o Río de Janeiro, Brasil, o en Miami, Estados Unidos, el 9 de mayo. El ministro de Defensa Walker San Miguel respondió hoy que el gobierno, por principio, no asistirá a ninguna reunión fuera del país.
A partir de la recepción de la carta de Telecom se abre un período de negociación con el Estado de Bolivia que no excedería el año, al cabo del cual, si es que no se llegase a una solución amistosa, la empresa podrá solicitar la intervención de árbitros internacionales.
Este miércoles, el gobierno oficializó la salida de Bolivia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial al que acuden las transnacionales que consideran que sus derechos han sido vulnerados. Dado que el retiro será un proceso gradual, Telecom podría entablar una disputa contra el país en el CIADI, reconocido por el Acuerdo de inversiones con Holanda, el mismo tratado que permitió a la transnacional Bechtel iniciar una demanda contra el Estado luego de ser expulsada de Cochabamba.
CIADI, una soga al cuello
Bolivia ha suscrito 24 tratados de protección a las inversiones con diferentes países y al menos 20 de ellos remiten al CIADI las disputas entre privados y el Estado. El abogado Rogelio Mayta, dirigente del Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos - contra el TLC y el ALCA, recuerda que el CIADI, desde su creación en 1965, no es más que un apéndice del Banco Mundial y no ha hecho sino constituirse en el “disciplinador de los estados para proteger a la inversión extranjera”.
"El CIADI es un organismo internacional ajeno a Bolivia y contrario a la Constitución Política del Estado”, explica Mayta. Según el Art. 24 de la Constitución, las empresas y súbditos extranjeros se someten a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional, ni apelar a reclamaciones diplomáticas. Por otro lado, el Art. 135, expresa claramente que todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamientos o negocios en el país se consideran nacionales y están sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República.
El CIADI no solo viola la Constitución sino que se ha convertido en uno de los instrumentos principales del imperialismo para someter a sus colonias, los países periféricos, a través de la denominada “inversión extranjera”.
Se dice que el CIADI precautela los derechos de los inversionistas y vela por que los Estados indemnicen en caso de expropiación, traten equitativamente a los extranjeros en relación a los empresarios nacionales y, lo más importante, que se les permita el acceso directo a tribunales internacionales en caso de de que se violen sus derechos.
El caso es que en el CIADI no existe un balance entre las obligaciones del inversionista y sus derechos, los cuales se ampliaron enormemente. Antes la expropiación se refería a la toma física de las inversiones extranjeras; ahora existe la figura de “expropiación indirecta”. Normas y reglamentaciones estatales o la aplicación estricta de regímenes medioambientales e impositivos son entendidos por el organismo como formas de “discriminación”, “expropiación indirecta” o “expropiación equivalente” porque reducen el valor de la inversión, aunque las normas hayan sido motivadas por el bien público.
Además, los tribunales como el CIADI exigen “trato justo y equitativo” para los inversionistas extranjeros, lo que significa que el Estado trate con la misma vara tanto a una multinacional poderosa como a un microempresario alteño que usa maquinaria obsoleta y explota a su familia para poder “competir”.
Hoy los estados no pueden controlar el flujo de capitales y tampoco pueden imponer requisitos de desempeño a las multinacionales, como por ejemplo exigirles que transfieran tecnología, que usen materia prima nacional o empleen a trabajadores locales, medidas que los países desarrollados usaron en el pasado precisamente para desarrollarse.
Es tan peligrosa la intervención del CIADI en controversias con el Estado que el gobierno australiano lo rechazó cuando firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos en 2004.
Habla un “abogado” interno del CIADI
“Al retirarse del CIADI lo único que esta haciendo el gobierno es reponer la vigencia de la Constitución y sobre todo proteger los intereses de los bolivianos," interpreta Rogelio Mayta. Pero existen otras voces que critican la decisión gubernamental.
El diputado Jorge Aguilera de Podemos opina que “administrar un país no es lo mismo que administrar un sindicato”. Para él, “desligarse de un ente que de alguna manera generó equilibrio en lo que tiene que ver con las controversias es muy negativo para el país, es algo que no debería suceder y ojalá que pueda recapacitar el Presidente porque no podemos aislarnos como país”.
Aguilera no sabe que los acuerdos internacionales que reconocen tribunales extranjeros contrarían la Constitución, pero al margen de aquello cree que “desconectarse del espíritu internacional” y de las normas económicas que crean un ambiente de buen entendimiento con los países del mundo es muy negativo.
Recién enterado de que en toda su historia el CIADI ha fallado siempre a favor de las empresas, Aguilera reconoce que el tribunal del Banco Mundial puede tener “algunas observaciones”, pero hay otros organismos a los que es necesario acudir. “No conozco el organismo CIADI, no conozco sus antecedentes. Lo que cuestiono es la separación de nuestro país del concierto internacional del arbitraje. Si se trata del CIADI o de otros, son temas totalmente diferentes”.
Aguilera no entiende que el CIADI está diseñado a la medida de las grandes transnacionales y de los países desarrollados que las protegen. Del total de disputas atendidas (concluidas y en proceso) por este tribunal hasta febrero de 2007 (109), en el 74 por ciento de los casos los demandados son países en desarrollo, es decir naciones pobres; en el 19% son países desarrollados y apenas en el 1,4% son las naciones ricas de la Tierra, los países del G8.
El CIADI toma partido por los inversionistas de manera clara. El 36% de los casos atendidos por este tribunal terminaron con un fallo favorable al inversionista privado; 34% de los casos fueron resueltos fuera de la corte, pero con compensación para el inversor. Se calcula que un 30% de los casos precluyó.
El conflicto de intereses en el CIADI es claro: El Banco Mundial promovió, o mejor dicho forzó, la privatización de empresas estatales y también la firma de acuerdos de comercio y de protección a las inversiones. Lo último que hizo en 2006 fue presionar a Pakistan para que acepte el CIADI como mecanismo de arbitraje en la negociación de un BIT con Estados Unidos.
El Banco Mundial fomentó la multiplicación de concesiones de servicios públicos a privados y al mismo tiempo financió algunos de esos emprendimientos alrededor del mundo a través de su brazo financiero, el IFC. Luego, muchas empresas socias del Banco acudieron al CIADI para resolver sus controversias con el Estado, convirtiéndose de esta manera el BM en juez y parte. La prueba más clara de este fenómeno fue el caso Bechtel-Aguas del Tunari, que inició una disputa al Estado en el CIADI. El Banco Mundial era accionista de esta empresa que quiso lucrar hasta con el agua de la lluvia.
Estas cifras y hechos demuestran que el CIADI no es una institución independiente, neutral e imparcial porque depende económicamente del Banco Mundial. Y esa relación hace de este organismo una entidad completamente inapropiada para resolver disputas con los Estados.
El CIADI no es el escenario apropiado para resolver problemas con empresas que brindan servicios esenciales para la gente (saneamiento, agua) o que explotan recursos naturales estratégicos para el desarrollo de los países (energía y minería).
No se pueden poner en juego intereses públicos en litigios secretos sin participación de la gente y con laudos inapelables, como ocurre en el CIADI, un organismo que de paso rompe las normas básicas del derecho. En la justicia tradicional, el juez no puede ser abogado de parte; en los tribunales privados muchos jueces o árbitros fungen también como abogados de parte en otros procesos.
Con datos de: Challenging Corporate Investor Rule: How the World Bank’s Investment Court, Free Trade Agreements, and Bilateral Investment Treaties have Unleashed a New Era of Corporate Power and What to Do About It; Sarah Anderson del Institute for Policy Studies y Sara Grusky de Food and Water Watch Release; abril de 2007.